Jurisprudencia CSJ

22 23 19 20 CORTE SUPREMA DE USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALBERTO RUBEN AYALA AGUILAR EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ALBERTO RUBEN AYALA AGUILAR C/ ITAIPU BINACIONAL S/ NULIDAD DE DESPIDO, REINTEGRO LABORAL Y OTROS". AÑO 2021 N° 690. 01 02 03 A.I. N°...!294... Asunción, 17 de agosto de 2023. 2023 VISTA: La acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Gregorio Albornoz Almaraz, en regresentación del señor Alberto Rubén Ayala Aguilar, contra la S.D. N° 146, de fecha 17 de diciembre de 2018, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Segundo Turno, así como contra el Acuerdo y Sentencia N° 01, de fecha 22 de enero de 2021, dictado por el si Tribunal de Apelación en lo Laboral, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, (fs. 04/16), y: CONSIDERANDO: QUE, primeramente, y en atención a lo dispuesto por el art. 557 del Código Procesal Civil, es obligación de la Corte. Suprema de Justicia examinar si están reunidos todos los requisitos establecidos en la ley procesal para dar el trámite de rigor a la acción de inconstitucionalidad incoada. QUE, al respecto, el Art. 557 del Código Procesal Civil establece. "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámit e la acción". Igualmente, el art. 12 de la ley 609/95 establece que no se dará tramite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria. _... QUE, en cuanto a los requisitos de justificación de la personería del recurrente. Es lo que determina el artículo 57 del Código Procesal Civil. A este fin, y atento a lo prevenido en el art. 5 7 del Código Procesal Civil se ha acompañado la Carta Poder (fs.03). QUE, en ese sentido, debe señalarse que la acción de inconstitucionalidad, aún cuando se plantee contra resoluciones judiciales, tiene un carácter autónomo y, por ende, y para tener expedit a QUE, en efecto, la resolución impugnada tiene su origen en el fuero laboral. El abogado del accionante pretende en esta ocasión, justificar su personería con la Carta Poder que otorgó el trabajador a los efectos de representarlos en el juicio laboral, fuente de esta acción. Sin embargo, dicha facultad, acordada al trabajador por el art. 66 Código Ritual del Trabajo, es exclusivamente ara litigar en el fuero laboral, el que ya finalizó con el pronunciamiento del fallo de Alzada y, er onsecuencia. la eficacia de la Carta Poder. QUE, por ello, no es un instrumento eficaz para acreditar la personería en la presente acción de Inconstitucionalidad. Es sabido que en esta sede constitucional, la presentación debe ser realizada según las previsiones del Art. 700 inciso f) del Código Civil, en concordancia con el Art. S7 del C.P.fea mediante el acompañamiento del poder habilitante. En consecuencia, corresponde rechazar in límine la presente acción de inconstitucionalidad. tecretaro QUE, además, conviene recordar, que uno de los requisitos formales para admitir la acción de inconstitucionalidad es la constancia de la notificación, con el objeto de verificar el circunstancia en este caso omitida al no haberse adjuntado la correspondiente cédula, impidiéndose así la comprobación del plazo establecido. Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro

Opinión del Doctor Víctor Ríos Ojeda: 1.- Sobre la legitimación procesal: Ciertamente, el profesional del foro que representa al trabajador accionante acompaña carta-poder, con certificación de firmas, a los efectos de acreditar su legitimación procesal. 1.1.- Ese tipo de mandato, a mi criterio, debe ser considerado como suficiente instrumento de acreditación de la personería invocada, toda vez que aquel documento trasunte la representación de quienes dicen ostentar o asumen la categoría de trabajadores dentro de la relación procesal. Esta posición jurídica guarda sustento en lo que dispone el Art. 86, en concordancia con el Art. 46, 47 numeral 1 de la CN, que a la postre convergen en favor de hacer efectivo el derecho humano a ser oído en juicio. 1.2.- Sabido es que los trabajadores ocupan una posición desigual con relación a sus mpleadores. La existencia de tal desigualdad, es una realidad, de la cual, el proces onstitucional no puede sustraerse. Entiendo, de igual modo, que la tutela de los derecho laborales, no puede ser abordada desde una lógica y concepción y estrictamente civilista dado que la naturaleza de ésta difiere ostensiblemente de la realidad imperante entre los sujetos que la vinculan. 1.3.- Entonces, en observancia del principio protectorio reconocido a todos los trabajadores - Art. 86- aplicable de conformidad al principio de igualdad -Art. 46, 47 numeral 1- y a los efectos de hacer efectivo el derecho a ser oído, facilitando de esta manera el acceso a la justicia de quienes se dicen trabajadores, corresponde tener por suficiente instrumento de acreditación de la legitimación procesal a la carta-poder acompañada a estos autos, adecuando de esa forma el proceso constitucional a las realidades emergentes de los sujetos procesales. En consecuencia, voto a favor de tener por reconocida la personería de la profesional del foro, con respecto al trabajador accionante.-.... 1.4.- En abono a la conclusión esbozada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que ". ...los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado 8.1 de la Convención... " (Caso Cantos, Sentencia del 28 de noviembre de 2002, párrafo 52).- 1.5.- Por su parte, la doctrina especializada remarca:"...Se ha identificado un principio de igualdad de armas como parte integrante del debido proceso legal...Este principio es sumamente relevante, por cuanto el tipo de relaciones reguladas por los derechos sociales suelen presentar y presuponer condiciones de desigualdad entre las partes en conflicto - trabajadores y empleadores-...Esa desigualdad suele traducirse en desventajas en el marco de los procedimientos judiciales. La Corte ha dicho que la desigualdad real entre las partes de ur proceso determina el deber estatal de adoptar todas aquellas medidas que permitan aminorar las carencias que posibiliten el efectivo resguardo de los propios intereses...? '" (Gozaíni, O.A (2017). El debido proceso. Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tomo I. Rubinz al - Culzoni. Santa Fé, Argentina. Pág. 429). 2.- Sobre los requisitos de admisibilidad hay que señalar que la parte accionante, ha dado cumplimiento a las exigencias establecidas en el art. 557 del Código Procesal Civil y en el art. 12 de la Ley N° 609/95, pues ha justificado la lesión constitucional y citado las normas que considera vulneradas. 2.1.- En cuanto a la justificación de la lesión constitucional ha explicado que en las resoluciones accionadas los juzgadores no han observado lo previsto en las fuentes especiales del Derecho del Trabajo, es decir, el Contrato firmado que es la Ley entre las partes, el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, el Reglamento del Personal de plena vigencia en la Itaipú Binacional y las normas protectoras del trabajo a las cuales la misma Constitución Nacional las respalda en el art. 137. La resoluciones se distanciaron de las reglas que vincularon al trabajador con la Itaipú Binacional y no aplicaron las disposiciones legales, los principios de la realidad de los hechos, el in dubio pro operario y otros, por lo que resultan incongruentes, contradictorias y arbitrarias.— 2.2.- Por lo manifestado precedentemente, corresponde dar trámite a la acción de inconstitucionalidad. ES MI VOTO.-...... A su turno, el Ministro Gustavo E. Santander Dans, manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Víctor Ríos Ojeda, por los mismos fundamentos.-

CORTE SUPREMA DE USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALBERTO RUBEN AYALA AGUILAR EN LOS AUTOS CARATULADOS: "ALBERTO RUBEN AYALA AGUILAR C/ ITAIPU BINACIONAL S/ NULIDAD DE DESPIDO, REINTEGRO LABORAL Y OTROS". AÑO 2021 N° 690. 72 23 02 03 POR TANTO, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL RESUELVE: 60 RECONOCER la personería al recurrente en el carácter invocado y por constituido su domicilio en el lugar señalado. ORDENAR la agregación de las instrumentales presentadas DAR TRAMITE, a la acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Gregorio Albornoz Almaraz, en representación del señor Alberto Rubén Ayala Aguilar, contra la S.D. N° 146, de fecha 17 de diciembre de 2018, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Segundo Turno, así como contra el Acuerdo y Sentencia N° 01, de fecha 22 de enero de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Laboral, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. LIBRAR oficio al Tribunal de Apelación en lo Laboral, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, a fin de que remita los autos principales. ANOTAR y notificar Ante mí: Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ninistro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro