Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE USTICIA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLADYS EUSEBIA RODRIGUEZ DE QUELLET CI ART. 1° DE LA LEY N° 4252/2010QUE MODIFICA LOS ARTS. 3°, 9° Y 18° DE LA LEY N° 2345/2003". - EXPTE N° 2936, AÑO 2022. 0 01 U2| 03 05 ESTADISTICA CI SECRACUERDORY SENTENCIA NÚMERO: novecientos veintiocho 12: En la giudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ve días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco en estando en la sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, CESAR 4/911g, RIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLADYS EUSEBIA RODRIGUEZ DE QUELLET C/ ART. 1° DE LA LEY N° 4252/2010QUE MODIFICA LOS ARTS. 3°, 9° Y 18° DE LA LEY N° 2345/2003" a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Señora GLADYS EUSEBIA RODRIGUEZ DE QUELLET, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION ¿Es procedente la Acción de Inconstitucionalidad deducida? Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: RÍOS OJEDA, DIESEL JUNGHANNS, y SANTANDER DANS. A la cuestión planteada el Ministro DOCTOR VICTOR RIOS OJEDA, dijo: - 1-Se presenta la Abogada Florentina Báez, en representación de la señora Gladys Eusebia Rodríguez de Quellet, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el Artículo 1° de la Ley N° 4252/2010 "Que Modifica los Arts. 3°, 9° Y 18° de la Ley N° 2345/2003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2003", en calidad de funcionaria de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y del escrito inicial de presentación de la acción.. - 2.- Alega la profesional abogada que se encuentran vulnerados los Artículos 14°, 46°, 57° , 102°de la Constitución Nacional y fundamenta su acción manifestando, que le afectan las normas constitucionales de referencia, por el hecho de que se obliga a pasar a la INACTIVIDAD LABORAL por la sola razón de tener más de 65 años de edad, vulnerando su derecho de continuar trabajando siendo una persona con buena salud mental, física y con ¡eloneidad necesaria para seguir desempeñando sus funciones eficientemente, que son factores indispensables exigidos para el acceso a las funciones públicas en nuestro país". - C. Ravóg. MQUE, la Señora Gladys Eusebia Rodríguez de Quellet, es funcionaria Secretario activa del Ministerio de Hacienda, fue incorporada según Decreto N° 17061 Gustavo E. Santander Dars- Ministro Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSI. Dr. Victar RiosOjega Ministro

de fecha 29 de abril del 1997, en carácter de nombrada. Actualmente tiene 66 años, como se corrobora en su cédula de identidad policial, lo cual legitima su acción ya que se encuentra en la esfera de aplicación de la normativa que impugna de inconstitucional. —- 4.- Examinados los documentos obrantes en autos, procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos: 5.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: " El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando ana, nuestra ley Fundamenta establece a siem obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del trabajador. - 6.- Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el ME SUAL ES A TO NERVADOR D Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur Mercosur. Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal. 7.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N.° 2345/03 y su modificatoria: Ley N° 4252/10 Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razon de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria" 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructura como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada al criterio del legislador que debe enmarcar en los preceptos constitucionales. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgo al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, sin determinar referencia etaria alguna, estableciendo este la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservo, con la libertas y los límites que ella misma otorgo, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaria invadiendo injustificadamente ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo. 2

CORTE SUPREMA 3DБ USTICIA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLADYS EUSEBIA RODRIGUEZ DE QUELLET C/ ART. 1° DE LA LEY N° 4252/2010QUE MODIFICA PROTE ESTADISTICA CIAL 2025 LOS ARTS. 3°, 9° Y 18° DE LA LEY N° 2345/2003". - EXPTE N° 2936, AÑO 2022. Constitución en su Artículo 103- "DEL REGIMEN DE 30 Roque BILACIONES", no fija una edad en la cual el funcionario público debiera al contie que ha conferido al legislador la facultad de acordaria, manteniendo jubilarse, tampoco establece parametros para calcularla, lo que nos lleva a este la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar la norma impugnada de violatoria. 10. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que la dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de contratación de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causa ajenas a quienes desean acceder a un puesto de trabajo como funcionario público. - 11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo. - 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo/a paraguayo/a de acceder a cargos en la Administración Pública. - 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde RECHAZAR la presente acción de Inconstitucionalidad. Es mi voto. —.... A su turno, el Ministro DOCTOR CESAR DIESEL JUNGHANNS, dijo: La presente acción de inconstitucionalidad es incoada por la Sra. GLADYS EUSEBIA RODRIGUEZ DE QUELLET por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, contra el Artículo 1º de la Ley N° 4252/2010 "Que modifica los artículos 3°, 9° y 10° de la Ley N° 2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Seotor Público"-, por reputar dicha disposición como violatoria de los Arts. 6, 14,46 Y 57 de la Constitución Nacional. En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de Mo C. PavOROSIGIOnes modificadas por la norma impugnada, los agravios de la Secreteraccionante se cinen exclusivamente a la moditicacion normativa del art. y de la Ley N° 2345/2003, concretamente, en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprénde de los términos en que se planteó esta acción Cesar M. Diesel Junghanns Ministro eS.. Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Victor Rios Ojech Ministro

Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: "...un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". . En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinacion y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento. Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas. Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art 225 C.N) la designación de sus autoridades y empleados ( Art 200 C.N), la citación e interpelación (Art 193 C.N) el voto de censura (Art 194 C.N) ; b ) del poder ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N, tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto de juzgar al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, y nomar al roder era s midros Prader Epil administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio. En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es mío). —.-.- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley N° 2345/03, modificado por la Ley N° 4252/10, queda circunscripta en la referida 4

CORTE SUPREMA DE USTICIA 02 030 04 ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLADYS EUSEBIA RODRIGUEZ DE QUELLET CI ART. 1° DE LA LEY N° 4252/2010QUE MODIFICA LOS ARTS. 3°, 9° Y 18° DE LA LEY N° 2345/2003". - EXPTE N° 2936, ANO 2022. Bi121]91 ESTADISTIC 1025 07 facultad atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no 3 O puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna. - Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos. - Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo "...a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar ...dentro del sistema nacional de seguridad social" "'el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo, en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: ". ...Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos". La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad. - Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la c.Peganización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación N° 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la misma.- Gustavo E. Santander Dans Cesar iv. Diesel Junghanns Ministen csif Ministro Dr. Victor Ríos Ojeda Ministre 5

Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador, por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en adelante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional. — Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Más, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de constitucionalidad. - Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada. Asimismo, corresponde ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por A.I N°283 de fecha 3 de marzo del 2023. Es mi opinión. - A su turno el Ministro DOCTOR GUSTAVO SANTANDER DANS, dijo: La señora GLADYS EUSEBIA RODRIGUEZ DE QUELLET, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra del Artículo 1 de la Ley N°4252/10 'QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley N° 2345/03 "REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", alegando la conculcación. ..... De los argumentos expuestos por la accionante se extrae que la misma cuestiona la constitucionalidad de la norma que faculta al Estado a jubilar a sus funcionarios que hayan cumplido 65 años de edad. En ese contexto, de las constancias de autos se evidencia que la recurrente reviste la calidad de funcionaria pública y que ha reunido los requisitos establecidos en la norma para adquirir la jubilación. Sostiene entre otras cosas que a la fecha se encuentra con suficiente salud física y mental para seguir prestando 6

02 6 811L CORTE SUPREMA DE USTICIA 143/04 ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLADYS EUSEBIA RODRIGUEZ DE QUELLET CI ART. 1° DE LA LEY N° 4252/2010QUE MODIFICA LOS ARTS. 3°, 9° Y 18° DE LA LEY N° RETIRIDO 2345/2003". - EXPTE N° 2936, ANO 2022. sâricios alEstado. Funda la presente acción en los Arts. 14, 46, 47 y 57 la Constitución Nacional. Roque Lopez porta disposición impugnada dispone cuanto sigue: F/Art. 1° de la Ley 4252/10 en lo pertinente dispone: "Art. 9°. - El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47% (cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2,7 (dos comas siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100% (cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria. - Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9° de la Ley N° 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior 40% (cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Abg. Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N° 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSIÓN PARAGUAYO Y DEROGA EL ART. 107 DE LA LEY N° 1626/00 de la FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90% (noventa por ciento), de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." Analizada la normativa cuestionada, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autarquicos creados con ese proposito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad". El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el e. Pavódetecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador en virtud Secretarical principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente a sistema jubilatorio. El principio mencionado, segun los terminos que utilice el Cesar M. Diesel Jungia Alimistro CSA. Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Victor Rios Ofeda Ministro

texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna. - En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, voto por no hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Señora GLADYS EUSEBIA RODRIGUEZ DE QUELLET. Ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A.I N°284 de fecha 3 de marzo de 2023. Es Mi Voto. - Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE.., todo por ante mi, de que certifico, quedando açordada la sentencia que inmediatamente Sigue: — Ante mí: Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel dunghanns Ministro CS1. Julio C. Pavón Martínez ecretario Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro SENTENCIA NÚMERO: 928 PODER HACA DE Asunción, 29 de diciembre de 2.025.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional RESUELVE: RECHAZAR la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Señora GLADYS EUSEBIA RODRIGUEZ DE QUELLET, de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Resolución. ORDENAR el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A.l Nº284 de fecha 3 de marzo de 2023. ANOTAR, registrar y notificar. Cesar M Diesel Jurio... Ministro CS'. SERPETARIA S JUDICIALI Ante mí: Gustavo E. Santander dans Ministre Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Abe Julio 6. PAvón Martinez Sucicigio 8