Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DE USTICIA 02 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MARTA ELIZABETH AREVALO DE ELCANO CI ART. 1° DE LA LEY N° 4252/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 3, 9 Y 10 DE LA LEY N° 2345/2003 Y CONTRA LOS ARTS. 125 DE LA LEY N° 6672/2021; Y DE SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 4780/2021 EN EL CAPITULO 10". AÑO: 2021. N°: 1400. 22 Г. 20 21 ESTAD ACUÉRDO Y SENTENCIA NÚMERO: Setecientos veintidos En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticatrodías imde, Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 103 Exomos, Señores Ministros de la Sala del mes de septembre del año dos mil veinticinco , estando en la Sala Constitucional, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA Y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MARTA ELIZABETH AREVALO DE ELCANO C/ ART. 1° DE LA LEY N° 4252/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 3, 9 Y 10 DE LA LEY N° 2345/2003 Y CONTRA LOS ARTS. 125 DE LA LEY N° 6672/2021; Y DE SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 4780/2021 EN EL CAPITULO 10", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Marta Elizabeth Arévalo de Elcano, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: - CUESTIÓN: ¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?- Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SANTANDER DANS, RIOS OJEDA y DIÉSEL JUNGHANNS. A la cuestión planteada, el Ministro Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: La señora MARTA ELIZABETH AREVALOS DE ELCANO, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley N° 4252/10 "Que modifica los Arts. 3, 9 y 10 de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", ', específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley N° 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", contra el Art. 125 de la Ley N° 6672 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" y contra el Art. 302 del Decreto N° 4780/2021, reglamentario del artículo 125 de la Ley N° 6672/20. La accionante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones contenidas en los Arts. 6, 14, 46, 47 y 57 de la Constitución Nacional. . Consta en autos copia de la documentación que acredita que la recurrente reviste la calidad de funcionaria de la Administración Pública.- El Art. 1 de la Ley 4252/10 en lo pertinente dispone: "Art. 9- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinarla se calculará multiplicando la Tasa de Ststitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o istro esar M. Diesal Junghanns Ministro CSJ. Dr. Victor Ríos Ojeda Ministro Abg. ulio C. Pavón Martínez. Seuluit

pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47% (cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2,7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100% (cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria. Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley N° 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40% (cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley. Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N° 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90% (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay.- régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado.- La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnada consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna. Finalmente, en relación al 125 de la Ley N° 6672 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" y contra el Art. 302 del Decreto N° 4780/2021, reglamentario del artículo 125 de la Ley N° 6672/20, esta ley y su decreto reglamentario es temporal en cuanto a su vigencia conforme a nuestra disposición constitucional, por lo que, dada esta característica, nos encontramos ante la inexistencia de agravio actual al momento del pronunciamiento En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Señora MARTA ELIZABETH AREVALO DE ELCANO. Corresponde asimismo el levantamiento de la medida cautelar dispuesta mediante el A.I. N° 1733 del 23 de noviembre de 2022. Es mi voto.

201l CORTE SUPREMA DE USTICIA 03 03 2025 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MARTA ELIZABETH AREVALO DE ELCANO C/ ART. 1° DE LA LEY N° 4252/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 3, 9 Y 10 DE LA LEY N° 2345/2003 Y CONTRA LOS ARTS. 125 DE LA LEY N° 6672/2021; Y DE SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 4780/2021 EN EL CAPITULO 10". AÑO: 2021. N°: 140 A su turno, el Doctor Víctor Ríos Ojeda, dijo: 1. Se presenta ante esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la "Señora MARTA ELIZABETH AREVALO DE ELCANO, por derecho propio y bajo patrocinio de'abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley N° 4252/2010 "QUE MODIFICA LOS ARTS 3°, 9° y 10° DE LA LEY N° 2345/2003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta al Artículo 9º de la Ley N° 2345/2003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", contra los artículos 125° de la Ley N° 6672 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" y 302° DEL DECRETO N° 4780/2021 "QUE REGLAMENTA EL ART. 125° DE LA LEY N° 6672/2021, conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción. Acompaña debidamente los documentos, que acredita su calidad de funcionaria de la Administración Pública. 2. Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 4, 49,57, 86, 87, 88 y 95, de la Constitución Nacional y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que... Las normas arriba mencionadas me constriñen a acogerme obligatoriamente a la jubilación, por imperio de la ley y no por mi propia voluntad sin considerar mi capacidad como profesional, y experiencia en la función pública, atendiendo que aún me encuentro en perfecto estado de salud física y psíquica. El obligarme a la jubilación atentaría contra mi calidad de vida y la de mi familia, lo que es todas luces y considero un agravio presente.—___ 3. Es oportuno aclarar que la Ley N° 6672/2021 y su Decreto reglamentario N° 4780/2021 en la actualidad han perdido total virtualidad. Si bien las disposiciones recurridas estaban vigentes al momento de la presentación de la acción, actualmente han perdido validez por su carácter temporal, pues fueron aplicadas al ejercicio fiscal 2021 por lo que a la fecha ya no corresponde emitir pronunciamiento alguno.- 4. En cuanto al artículo 1 la Ley N° 4252/2010 que establece los procedimientos para la concesión de jubilaciones y haberes de retiro otorgados por la caja fiscal de jubilaciones y pensiones, por lo que procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos: - 5. A través del documento de identidad glosado en autos, se tiene que la misma, actualmente ha superado la edad de 66 (sesenta y seis) años, por lo que correspondería la aplicación de la Ley 4252/2010, y ante esta situación intenta la declaración de inconstitucionalidad de la citada norma legal.- 6. Nuestra Carta Magna, contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus representantes legítimos reunidos en Convención Nacional Constituyente, ipvocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (....) Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95°) abarcando "todas" las cuestiones en Gustavo E. Santander Dal +1. Dird Jitghanns 3 Ministro Cal. rbg. لاi Secretario Martinez Dr. Víctor Ríos Ojeda Minisiro

esas materias, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del trabajador. 7. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como Convenios Bilaterales de Seguridad Social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal. 8. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que presten sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N° 2345/2003 y su modificatoria: Ley N° 4252/2010. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia a la accionante, en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplido los 65 años (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria". 9. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho pragmático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así en el razonamiento de que el constituyente otorgo al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo este la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservo, con la libertad que ella misma le otorgo, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión de la accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo. 10. Nuestra Constitución en su artículo 103° - "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES", no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo este la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violencia de mandato constitucional.—- 11. Además debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la un descenso en la oferta del empleo en el sector público, circunstancias estas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.——... 12. La Constitución obliga al estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87°) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101°), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la Ley (Artículo 102°). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, esta intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación como también el derecho al trabajo. 4

CORTE SUPREMA DE USTICIA 00 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MARTA ELIZABETH AREVALO DE ELCANO C/ ART. 1º DE LA LEY N° 4252/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 3, 9 Y 10 DE LA LEY N° 2345/2003 Y CONTRA LOS ARTS. 125 DE LA LEY N° 6672/2021; Y DE SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 4780/2021 EN EL CAPITULO 10". AÑO: 2021. N°: 1400. стА 13. 2035 medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de SI /14. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de Inconstitucionalidad intentada por la Sra. Marta Elizabeth Arévalo de Elcano en consecuencia corresponde el levantamiento de la medida cautelar decretada por A.I. N°1733 de fecha 23 de noviembre de 2022. Es mi voto. A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, dijo: me adhiero al voto emitido por los Ministros que me precedieron en el voto, en cuanto rechazan la acción incoada contra el Art. 125 de la Ley 6672 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021" y de su Decreto Reglamentario N 4780/2021, por los mismos fundamentos; y me permito agregar lo siguiente, respecto a la modificación normativa del art. 9 de la Ley N° 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad.- Como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: "...un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento. Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos esta subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas. Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la ouslaro santander Dans 5 esar M. Diesel Junghanns Martínez. Dr. Victor Ríos Ojeda Ministro Secretarid

designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 CN.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 CN., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.—_ En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participaran del mismo régimen todos los que bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es mío).— En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley N° 2345/03, modificado por la Ley N° 4252/10, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos. Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo "ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 CN.) y el deber de otorgar "...dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: "...Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".— La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de 6

之 11 18 19/20 01 mlu CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MARTA ELIZABETH AREVALO DE ELCANO CI ART. 1° DE LA LEY N° 4252/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 3, 9 Y 10 DE LA LEY N° 2345/2003 Y CONTRA LOS ARTS. 125 DE LA LEY N° 6672/2021; DE SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 4780/2021 EN EL CAPITULO 10". AÑO: 2021. N°: 1400. . 2025 las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad. Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación N° 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la misma.- Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de constitucionalidad.-.- Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada. Asimismo, corresponde ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por A.I. N° 1733 del 23 de noviembre de 2022. Es mi opinión. . 7

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: - Mano my bustavifisersander Dans MinistE esar M. Diese Junghanns Ministro CSJ. Abg. Julio C. Pavón Martinez SENTENCIA NUMERO: 722 Asunción, 24 de septiembre de 2.025.- Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional RESUELVE: RECHAZAR la Acción de Inconstitucionalidad, promovida por la Señora MARTA ELIZABETH AREVALO DE ELCANO, de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Resolución.- ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos, dispuesta por el A.I. N° 1733 de fecha 23 de noviembre de 2022, dictada por esta Sala ANOTAR, registrar y notifiear.7 Diasal Junghanns Ministro CSJ. Dr. Victor Ríos Ojeda Ministro SJUSTiCiA : JUSTICIA 8