Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LUCILA FRANCO CANDIA C/ EL ART. 251 DE LA LEY Nº1/1909 "DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL ESTADO"; ART. 17 Y ART. 1 DE LA LEY 3989/10 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" QUE MODF. EL ART. 16 INC. F) Y ART. 143 DE LA LEY N°1626/00 "DE LA FUNCION PUBLICA". ANO: 2020 N°:1260. 03 ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Doscientos carenta y cuatro. En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiseis dias "del mes de marzo del año dos mil veinticinco , estando en la Sala de Acuerdos ›de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Dottóres GUSTAVO SANTANDER DANS, VÍCTOR RIOS OJEDA Y CESAR DIESEL JUNGHANNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LUCILA FRANCO CANDIA C/ EL ART. 251 DE LA LEY Nº1/1909 "DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO"; ART. 17 Y ART. 1 DE LA LEY 3989/10 "DE LA FUNCIÓN PUBLICA" QUE MODF. EL ART. 16 INC. F) Y ART. 143 DE LA LEY N°1626/00 "DE LA FUNCION PUBLICA", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por Lucila Franco Candia por derecho propio y bajo patrocinio de abogada Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTIÓN: Es procedente la Acción de Inconstitucionalidad deducida? Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS A la cuestión planteada, el Doctor RÍOS OJEDA, dijo:- 1.- La señora LUCILA FRANCO CANDIA, por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el art. 16 inc. f); art. 17 y art. 143 de la Ley Nro. 1626/2000 modificada por Ley N° 3989/10. Así también cuestiona la constitucionalidad del art. 251 de la Ley de Organización Administrativa del Estado del 1909.- 2.- La primera norma impugnada inhabilita el ingreso para la función pública a los jubilados de la administración estatal, en cuyo caso, éstos se encuentran privados de presentarse, siquiera, a los concursos públicos. La aquí accionante es un jubilada de la administración pública conforme se desprende de la Resolución N° 2791 del 28 de noviembre de 2014; por lo que, queda de manifiesto su legitimación para la promoción de la presente acción. 3.- Constitucionalmente la idoneidad - Art. 47 numeral 3- se constituye en el único requisito para el acceso a las funciones públicas. Sobre el punto, existe cierta discusión respecto de si tal requisito de "idoneidad" puede o no ser objeto de reglamentación legal De Cesar M. Diesel Junghan Ministi Gustavo E. Santander Dans Ministro Abg. Jut Pavón Martinez Seviclario Dr. Víctor Ríns Ojeda Minsstro

mi parte, propugno una respuesta afirmativa a tal situación, pero, con la siguiente y expresa sal vedad: tal reglamentación, en su contenido, debe superar el denominado test de razonabilidad a los efectos de ser considerada constitucionalmente válida.- 4.- Dentro de ese encuadre pueden presupuestarse condiciones tanto positivas como negativas de "idoneidad". Éstas últimas -negativas- se materializan a través de las denominadas incompatibilidades o inhabilidades que es lo que regula, justamente, la norma que nos ocupa. Estas inhabilidades responden, generalmente, a circunstancias que tienen que ver o que se vinculan con la solvencia moral del potencial postulante; sino véase el ámbito de aplicación de los primeros cuatro incisos de la norma en examen. Sin embargo, el último inciso, que es el que nos ocupa, no guarda una relación adecuada y coherente con dicho contenido fundacional, por lo que, deviene claro que ese no es el reparo que propugna la legislación en estudio.- 5.- Aparentemente -porque no se ve con claridad- lo que se pretende tutelar es el acceso a la función pública de aquellos eventuales postulantes que aún no han tenido la posibilidad de ocupar un cargo público como sí lo tuvieron, en su momento, los jubilados. Si ese fuere el caso, la medida dispuesta no puede ser calificada de adecuada porque la finalidad pretendida no es legítima y si acaso lo fuera -que claramente no lo es- tampoco cumpliría el requisito de necesidad a los efectos superar el test de razonabilidad antes dicho.- 6.- En efecto, aunque con la regulación hay probabilidades de consagrar -al menos parcialmente-dicha finalidad, no obstante, la constitucionalidad de ésta sucumbe ante una notoria falta de coherencia con nuestra norma fundamental, esto, por dos razones de insoslayable relevancia: la primera, es que aquel fin afecta de manera notoria la garantia constitucional de igualdad sin que se observe una justificación sustancial que permita efectuar la distinción establecida; mientras que, la segunda, porque no encuentra respaldo en alguna otra norma de la Constitución.—_- 7.- Dentro de ese contexto, la doctrina especializada ha dicho que habrá razonabilidad normativa cuando las normas de inferior jerarquía «...mantengan una coherencia con las constitucionales, de suerte que no resulte contradictoria con lo establecido en la Constitución nacional...>>' La inhabilidad aquí prevista es contraria a la garantía citada en punto anterior toda vez que impide toda posibilidad de postulación a un concurso público de oposición evitando, de esa manera, que el ciudadano -inmerso en la categoría-puje por el acceso a un cargo público. Tal impedimento no responde, naturalmente, a un tratamiento igualitario, sino que, todo lo contrario. 8.- Habrá que referir que el hecho de que una persona sea beneficiaria de la jubilación ordinaria, no puede implicar, como antaño se pensaba, la producción. de una cesantía definitiva en la actividad laboral. Una visión constitucional no nos puede llevar hacia ese sendero dado que la norma fundamental garantiza el derecho al trabajo en su art. 86 en concordancia con el in fine del primer párrafo del art. 102. De hecho que el sistema legal, a modo de ejemplo, prevé la posibilidad -ver art. 95 del CT- de que un trabajador que obtuvo la jubilación ordinaria celebre un nuevo contrato laboral con el empleador, en el entendimiento, naturalmente, de que la persona jubilada sigue siendo un sujeto activo y útil con plena facultad reconocida constitucionalmente- de seguir ejerciendo la actividad. laboral de su preferencia.— 9.- Hay que destacar que el principio de jerarquía constitucional -art. 137 de la CN- requiere que toda aquella regla infra constitucional que produzca una afectación a un derecho Sagüés, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 741 2

20 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2/03/04/05 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LUCILA FRANCO CANDIA C/ EL ART. 251 DE LA LEY Nº1/1909 "DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO"; ART. 17 Y ART. 1 DE LA LEY 3989/10 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" QUE MODF. EL ART. 16 INC. F) Y ART. 143 DE LA LEY Nº1626/00 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA". AÑO: 2020 N°:1260. 2025 reconocido en ésta de carácter superior -como el de la igualdad- reclama, al. menos, algún respaldo en otra norma igualmente constitucional. Así se expide la doctrina al referir que *#..Los derechos fundamentales, en tanto derechos de rango constitucional pueden ser restringidos sólo a través de, o sobre la base de, normas con rango constituciona...?.- 10.- No se constata la existencia de otra norma con dicho rango -constitucional- que otorgue un amparo a la medida adoptada toda vez que en lo particular el art. 103, no dispone alguna restricción, mientras que, tampoco es que estemos ante un grupo sustancialmente relegado, sino que, todo lo contrario, con la medida se relega, de entrada e indirectamente, a las personas por razones de edad - la jubilación ordinaria se produce por ésta circunstancia-. Sobre este punto, la doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable «...pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector.>>3 11.- Cabe resaltar que la Corte IDH, ya ha puesto de manifiesto que «...La Corte considera que la jubilación es un derecho ajeno a la condición de idoneidad para el ejercicio de funciones públicas...»4. Recordemos que por imperio del art. 47 numeral 3 de la CN, no hay más requisito que la idoneidad para el acceso a la función pública, en cuyo caso, la derecho ajeno a dicha condición tal como lo indica dicho organismo internacional. 12.- Por su parte, hemos adelantado que la medida es, igualmente, innecesaria. En efecto, la idoneidad requerida para ocupar un determinado cargo en la función pública quedará supeditada, en ulterior instancia, no a la existencia o no de una jubilación anterior sino, objetivamente, a las probanzas y requerimientos que emerjan del proceso respectivo y, sobre todo, a los criterios que exijan la naturaleza del cargo al cual se aspira. Hay que tener en cuenta que el proceso de convocatoria y contratación estarán basados en principios de eficacia y transparencia, así como criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud, tal como lo indica el inc. a) del Art. 07 numeral 1 de la Ley 2535 que Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es una norma, desde luego, de rango supra legal.- 13.- De esta manera, resulta visto que la norma impugnada, en este caso, el inciso f) de artículo 16 de la Ley 1626/2000, modificado por el art. 01 de la Ley 3989/10, no supera el test de razonabilidad, en cuyo caso, resulta inconstitucional y debe ser declarado en tal sentido.- Cesar M. Dieset Junghanns Gustavo E. Santander Dans Ministro Ministro CS. 2 Alexy, R. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, España. Pág. 277.- Dr. Victor Rios Ojeda " Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control do constitucionalidad y convencionalidad. Toma4n BErechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- discrimi Cuidemis de ampradad De haCia moraria de echos Humano a di rad y no Abg. Julio C. Pavón Martinee Secretario 3

14.- Así también, sigue la misma suerte el art. 143 de la Ley 1626/2000, modificado por el art. 01 de la Ley 3989/10, por cuanto que ésta norma establece una excepción a la regla general de inhabilitación establecida en el inciso f) recientemente analizado. Esto es así, por cuanto que, si la regla general pierde vigencia, desde luego que la excepción a dicha regla deviene, igualmente, inaplicable sobre todo porque si asumimos la premisa de que el jubilado se encuentra facultado a concursar y por ende ocupar un cargo público, con mayor razón aún, está habilitado para celebrar un contrato dentro de un régimen especial, cual es, la contratación por tiempo determinado. En consecuencia, el alcance de la inconstitucionalidad aplica a la normativa citada.- 15.- Hemos de aclarar que, con tal determinación, esta Corte no está imponiendo u ordenando que el jubilado, necesariamente, ocupe una función dentro de la Administración, sino que se procura tutelar la garantía en el acceso a la función pública, circunstancia que quedará, como debe de ser, a las resultas y bajo la competencia exclusiva del órgano respectivo de la administración pública. 16.- Respecto de la constitucionalidad del art. 17 de la Ley 1626/2000, deviene inoficioso ingresar a su estudio toda vez que, atendiendo a que por los efectos de la inconstitucionalidad de las normas antes citadas, aquellas inhabilidades no aplican para el accionante, en cuyo caso, no podrá, en la práctica, invocarse como elemento conducente para sancionar de nulidad del acto jurídico -contrato o nombramiento- dado que los impedimentos aquí abordados -previstos en la Ley 3989/10-, como se dijo, no aplican para el accionante. Aclaramos, sin embargo, que el incumplimiento de cualquier otro requerimiento si podrá ser invocado por la autoridad pública, si así fuere el caso.- 17.- Finalmente, la parte accionante solicita la inconstitucionalidad del art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909, la que a la fecha de estudio de la presente acción de inconstitucionalidad ya ha sido modificada por Ley N° 6834/21. Si bien, esta acción fue presentada con anterioridad respecto de la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 6834/21, sin embargo, debe extenderse la impugnación impetrada a lo que fuera materia de modificación por cuanto que no sólo el enfoque de los argumentos esgrimidos quedan vinculados a dicha parte de la norma sino que, sobre todo, la casuística presentada nos imponen tal menester. De esta manera, haciendo un abordaje en la totalidad de la materia regulada estaremos garantizando el pleno acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva del justiciable. 18.- La norma es inconstitucional por donde se lo mire. En efecto, los haberes jubilatorios forman parte del patrimonio adquirido de los trabajadores, ergo, resulta inviolable de conformidad al art. 109 de la CN. Además, dicho derecho adquirido es irrenunciable a tenor del art. 86 de la CN, y por extensión, irreversible de conformidad al principio de irreversibilidad de los derechos indisponibles. Por su parte, el art. 102 de la CN, establece en su in fine el resguardo de «los derechos adquiridos». 19.- En tal sentido la doctrina nacional tiene dicho que « ...El bloque de constitucionalidad en materia laboral esta bajo el imperio de la progresividad y la irreversibilidad, y deben ser interpretados en el sentido más favorable a la persona humana del trabajador... La normativa inconciliable con la protección y las garantías de que ya gozan, o deberían gozar los trabaiadores, deben considerarse inaplicables...»5. Así también, la doctrina clásica ya, ha dicho que «...la jubilación no es un beneficio graciable; sino por lo contrario, un derecho del 5 Cristaldo Montaner, J.D.; Cristaldo Rodríguez, B.E. (2022). Introducción al Derecho del Trabajo. A sunción, Paraguay. Fides. Pág. 208.- 4

1. CORTE SUPREMA DEJUSTICIA 02一 2025 80 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LUCILA FRANCO CANDIA C/ EL ART. 251 DE LA LEY N°1/1909 "DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO"; ART. 17 Y ART. 1 DE LA LEY 3989/10 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" QUE MODF. EL ART. 16 INC. F) Y ART. 143 DE LA LEY N°1626/00 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA". AÑO: 2020N°:1260.- trabajador que ha reunido requisitos para su logro, y que no cabe ni cercenarle, ni denegarle, ni dilatarle...»6 E20.- En cuanto al salario, el art. 06 y 09 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección del salario y aprobado por Ley Nro. 935/64, dispone la expresa prohibición de que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario impidiendo, incluso, que se realicen siquiera descuentos tendientes a obtener o conservar un empleo 21.- Desde luego que nuestra Constitución Nacional protege el salario de los trabajadores en su Art. 92, aplicable al caso de conformidad a la remisión efectuada por el art 102 citado.- 22.- Y que no se diga que, de esa manera, se está conculcando lo dispuesto por el art 105 de la CN. En efecto, lo que esta norma constitucional impide es la doble remuneración en carácter de, o como, funcionario o empleado público. La percepción del haber jubilatorio no aplica al supuesto previsto por la norma por cuanto que, por naturaleza, esta percepción no constituye un salario. . 23.- Queda visto, pues, que la norma examinada -art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909, modificado por el artículo 1 de la Ley N° 6834/2021-conculca el principio de prelación constitucional por atentar contra las previsiones emanadas del citado Convenio 95 de la OIT, e infringe normas de rango constitucional, en este caso, el art. 92. Debe pues, decretarse su inaplicabilidad por ser inconstitucional. 24.- En conclusión, corresponde hacer lugar parcialmente a la presente Acción de Inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad de la Ley 3989/10, en la parte que refiere al inc. f) del Art. 16, art. 17 y 143 de la Ley 1626/2000, así como el Artículo 251 de la Ley N° 22/1909 modificada por la Ley N° 6834/21. Asimismo, corresponde levantar la medida cautelar de suspensión de efectos dispuesta en autos por A.I. N° 1070 de fecha 2 de agosto de 2022. Es mi voto.- A su turno, el Doctor DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta ante esta Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la señora Lucila Franco Candía, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra los artículos 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado del 1909, 17 y 1 de la Ley 3989/10 que modifica Arts,, 16 inc. f) y 143 de la Ley 1626/2000 "Ley de la Funciór Pública".- Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro • Cabanellas de Torres, G. (1992). Compendio de Derecho Laboral. Tomo II. Buenos Aires, Argentina. H eliasta. PagAtğz ro Dr. Víctor Ríos Ojeda Abg. Julio C. Pavón Martínez Secreiajo 5

Señala el accionante, que las normas impugnadas atenta contra su derechos y garantías consagrados en los Arts. 46, 47, 86 y 109 de la Constitución Nacional, puesto que conculcan su derecho a ejercer un cargo de la Función Pública por el hecho de haber obtenido la jubilación por los años de servicios prestados al Estado, negando su aptitud legal para desempeñar la función pública, lo que violenta la disposición del art. 88 de la Carta Magna que garantiza el derecho a al trabajo licito a los habitantes de la Republica. . Corrido el traslado de ley, el Fiscal Adjunto, Abg. Roberto Zacarías, se ha expedido en los términos del Dictamen N° 1790 de fecha 20 de setiembre de 2022, y considera que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada contra los artículos 16 inc. f) y 143 de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", modificada por Ley N° 3989/2010, artículo 17 de la Ley N° 1626/2000 y rechazarla contra el artículo 251 de la Ley de Organización Administrativa del Estado.- En el caso de autos se plantea la situación del funcionario público pasivo (jubilado) que pretende volver a ocupar un cargo al servicio del Estado, por lo que, de acuerdo con la ley, debe optar por la remuneración que percibe en el ejercicio de sus funciones o por los haberes percibidos en concepto de jubilación. La cuestión fáctica expuesta, guarda relación con la aptitud legal para desempeñar función pública por quienes gozan de una jubilación en el sector público.——___ Respecto a los agravios expuestos por la accionante con relación a la impugnación de los Arts. 16 inc. "f" y 143 de la Ley N° 1626/2000- modificados por el Art. 1° de la Ley N° 3.989/2010-, que inhabilitan al jubilado para el ingreso a la función pública, advierto que pone de manifiesto la pretensión de constituirse en un obstáculo legislativo para el acceso a la función pública de los jubilados, lesionando lo dispuesto por el Art. 47 de la Constitución Nacional, que exige como sola condición la "idoneidad" para el acceso a las funciones públicas no electivas.- Sensatamente, podemos sostener que la ley no puede conferirles prerrogativas a las autoridades que, en los hechos, traduzcan el marginamiento de un principio constitucional tan fundamental como lo es la vigencia de la igualdad, principio éste ya consagrado en el preámbulo de nuestra Carga Magna, con la finalidad de proteger la dignidad humana, así como con el Art. 33 de la Ley Suprema, puesto que de no observar y declarar la manifiesta inconstitucionalidad contenida en la nueva redacción del artículo 16 inc. f) de la Ley 1626/2000 estaríamos socavando la dignidad humana de los jubilados, así como conculcando su derecho al trabajo. Igualmente, estos derechos citados son erigidos en la categoría de derechos humanos, situación está que nos impide pasarla por alto, además tener presente que el Estado Paraguayo está obligado a cumplirlos por ser signatario de varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Escenario homólogo se presenta en la nueva redacción del artículo 143. La manifiesta inconstitucionalidad subsiste al establecer que los jubilados solo podrán ser incorporados a la función pública en situaciones excepcionales o por la falta recursos humanos, situación que es, también, radicalmente contraria al orden constitucional, ya que de consentir lo estipulado se presentaría una situación discriminatoria con los demás postulantes al mismo cargo, vedado por Art. 88 de la C.N. Debe declararse que la precedente afirmación no implica que se dispense a los jubilados de que se sometan al concurso de méritos en igualdad de condiciones, previsto en el Art. 15 de la Ley N° 1626/2000, por el simple hecho de que cuenten con experiencia y especialización por ser jubilados. Simplemente, considero que la nueva redacción del artículo 143, al establecer referida restricción, además de ser discriminatoria, conculca el principio de igualdad proclamado en el Art. 46 de la Constitución Nacional que 6

13. 201l 21 CORTE SUPREMA DE USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LUCILA FRANCO CANDIA C/ EL ART. 251 DE LA LEY N°1/1909 "DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO"; ART. 17 Y ART. 1 1.0105/086) DE LA LEY 3989/10 "DE LA FUNCION PUBLICA" QUE MODF. EL ART. 16 INC. F) Y ART. 143 DE LA LEY N°1626/00 "DE LA FUNCION PUBLICA". F AÑO: 2020 N°:1260.- expresamente manda al Estado remover los obstáculos e impedir los factores que mantengan o propicien discriminaciones. - En relación al Art. 17 de la Ley N° 1626/2000, que dispone: "El acto jurídico por el que si se dispuso el ingreso a la función pública en trasgresión a la presente ley o sus reglamentos será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido. Los actos del afectado serán anulables, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a los responsables del nombramiento. La responsabilidad civil de los funcionarios, contratados y auxiliares, será siempre personal y anterior a la del Estado, que responderá subsidiariamente" deviene igualmente inconstitucional, y esto es así, porque si consideramos y declaramos inconstitucional al artículo 16 inc. f) mal podríamos no hacer lo mismo con respecto a este artículo 17, que es consecuencia directa de la inconstitucionalidad contenida tanto en el artículo precitado así como en el artículo 1° de su ley modificatoria, la Ley N° 3989/2010. Como puede apreciarse, el articulo 16 inc. f) de la Ley N° 1626/2000 o el artículo 1° de la Ley N° 3989/2010 imponen una inhabilitación al jubilado que puede o pretende volver a contratar con el Estado, y el artículo 17 de dicha ley declara nulo el acto jurídico por el que se dispuso el ingreso a la función pública en transgresión de esa ley, en este caso, el ingreso del jubilado.- Con respecto a la impugnación del Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa del 22 de junio de 1909, esta disposición fue modificada en virtud de la Ley N° 6834/2021, cuyo artículo 1° establece: Modificase el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa, del 22 de junio de 1909, cuyo texto queda redactado como sigue: "Art. 251.- Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipal, deberán optar entre la jubilación y la remuneración en el cargo o empleo que acepten, ingresando a los fondos de jubilaciones y pensiones el importe de retribución que dejen de percibir. Se encuentran excluidos de esta disposición, todos los jubilados del régimen de jubilaciones y pensiones, administrados por el Ministerio de Hacienda que ingresen, se encuentren o se encontraban, como contratados o nombrados, en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica. Los jubilados nombrados para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, podrán optar entre aportar nuevamente a la Caja Fiscal o no hacerlo, pudiendo, en caso de hacerlo solicitar el retiro de los aportes realizados según las leyes vigentes" destaque en negrita es mio). Esta circunstancia permite colegir, que con esta modificación legislativa introducida en la disposición impugnada con posterioridad al planteamiento de la presente acción, ya no persisten los agravios esgrimidos por la accionante, puesto que con la nueva redacción del Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa de 1909, los docentes jubilados del Magisterio Nacional que, posteriormente, continúan o ingresan a ejercer la docencia en alguna Universidad Nacional, se encuentran exceptuados de la obligación de optar entre el monto de su salario o el de su jubilación, y la accionante, como se tiene dicho, es docente jubilada del Magisterio Nacional, y su reincorporación a la función pública se dio mediante nombramiento Cesar M. Diesel Junghanns Ministr CSJ Gustavo E. Santander Dans Ministro Pavón Martínez. Secretario. Dr. Victor Rios Ojedg Ministro

en un cargo docente en la filial de Concepción de la Universidad Nacional de Asunción, por lo que corresponde el rechazo de la acción con relación al art. 251 de la Ley de Organización Administrativa.——. Por las consideraciones que anteceden y en coincidencia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad de los artículos 16 inc. f) y 143 de la Ley N° 1626/2000, modificados por el Art. 1° de la Ley N° 3989/2010, del Art. 17 de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública" y rechazar contra el Art. 251 de la Ley N° 22/1909 modificada por la Ley N° 6834/2021; con relación a la accionante. Corresponde, además, ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dispuesta por A.I. N° 1070 de fecha 02 de agosto de 2022. Es mi voto.- A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: La señora LUCILA FRANCO CANDIA, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra los Arts. 16 inc. f), 17 y 143 de la Ley N° 1626/00 "DE LA FUNCION PUBLICA" y el Art. 251 de la "LEY DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA" de 1909. Obra en autos la constancia que la accionante tiene la calidad de jubilada como docente del Magisterio Nacional, conforme a la Resolución DGJP-B N° 2791 del 28 de noviembre de La recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los Arts. 46, 47, 86 y 109 de la Constitución Nacional, al conculcar su derecho a ejercer un cargo en la función pública por ser jubilada.- En relación al Art. 16 inc. f) de la Ley 1626/00, que establece según la modificación de la Ley N° 3989/10: "Artículo 16°. - Están inhabilitados para ingresar a la función pública, así como para contratar con el Estado:...f) los jubilados con jubilación completa o total de la Administración Pública, salvo la excepción prevista en el Artículo 143° de la presente Ley" Esta disposición propone una inhabilitación en el ingreso a la función pública para las personas que gozan del beneficio de la jubilación. La manera en que nuestra Carta Magna sienta las bases de la función pública, permite un abordaje del tema que es objeto de estudio. El Estado es generador de fuentes de trabajo, porque a través de los funcionarios pone en movimiento la estructura burocrática. Pero no es una fuente genuina de puestos laborales. La primera parte del Art. 101 de la carta magna reconoce que los funcionarios y empleados públicos están al servicio det país. Surgida la necesidad de cubrir una vacancia, queda también postulado el derecho de todos los paraguayos a ocuparla, no siendo ajeno a todo aquel que decida cumplir funciones en el sector público el reconocimiento de los derechos laborales, con las limitaciones establecidas en la ley, esto siguiendo el texto del Art. 102 de la ley fundamental.- Dejando en / manos del legislador la tarea de dar operatividad a los postulados constitucionales, se dictaron leyes que regulan el ingreso, permanencia y paso a la jubilación de los funcionarios públicos, de las diversas categorías. En cuanto al ingreso, que es de lo que nos ocupamos ahora, vemos que mediante el mecanismo de los concursos para aquellos cargos no señalados como "de confianza", se pone en vigencia el postulado del Art. 47 de la ley fundamental, que señala a la idoneidad como el requisito a ser atendido.- 8

CORTE SUPREMA DE USTICIA 02 03 04 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LUCILA FRANCO CANDIA C/ EL ART. 251 DE LA LEY Nº1/1909 "DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO"; ART. 17 Y ART. 1 DE LA LEY 3989/10 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" QUE MODF. EL ART. 16 INC. F) Y ART. 143 DE LA LEY Nº1626/00 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA". AÑO: 2020 N°:1260.- Làs distintas leyes que regulan el conglomerado de ingreso a la función pública, previenen que todo postulante a un cargo debe probar su idoneidad como filtro, que lo hace merecedor de su lugar al servicio del país. También encontramos que el acceso a la pasividad de las personas que eligieron a la función pública como su modo de sustento, exige una determinada cantidad de años de aporte o de años de servicio, según esté regulado. De ahí, todo analista del sistema queda advertido que la función pública previene y pone en marcha el Art. 103 de la carta magna, al proveerle al funcionario un sistema de seguridad social y de jubilaciones, con el objetivo de prepararlo para una edad de adulto mayor con goce de los beneficios que fue recolectando mediante su aporte en los años de servicio. Lógicamente que el Estado brindará una mayor oportunidad a quien mediante el mecanismo de la idoneidad consiga avanzar en el transcurso de los años, con el acceso a cargos y funciones mejor remunerados, esto con la finalidad de ir asegurándose un mejor goce de los beneficios jubilatorios, pero serán siempre la iniciativa y el esmero del funcionario los elementos que sustenten estos avances, ya que el acceso y permanencia en la función pública son una elección particular de cada ciudadano.— Llegados a este punto, estamos en condiciones de decir que la ley, al establecer la garantía de acceso a los cargos públicos a quienes muestren idoneidad, está apuntando a dar oportunidad a todos por igual, pero estableciendo prioridades y restricciones. En el Art. 16 de la Ley N° 1626/00 las encontramos respecto del ingreso a la función pública, así como de contratar con el Estado sobre las personas que han recibido condenas penales, penas de inhabilitación para ejercer la función pública, los declarados incapaces, los que fueron cesados por causa proveniente del trabajador y los que sean completa o totalmente jubilados. La ley, por delegación constitucional, puede inhabilitar el acceso a la función pública, y lo hace dirigiendo su enfoque no precisamente a las personas que son señaladas en la inhabilitación, sino en el resto de las que no están señaladas. Cuando inhabilita a las personas penalmente condenadas, está dando en verdad preferencia, aunque la disposición no lo diga, a las personas que mantienen su conducta alejada de los hechos punibles. Esta "habilitación" no es sino la puesta en marcha del mecanismo de igualdad previsto en el Art. 46 de la ley suprema, debido a que el propio constituyente advierte que en alguna oportunidad se vulnerará la igualdad, pero para estos casos previene que, si se protege estableciendo desigualdades injustas, eso no será considerado factor discriminatorio sino igualitario.-. El mecanismo puesto en marcha para ingresar a la función pública, así como para contratar con el Estado es perfectamente comprensible, teniendo en cuenta lo antes dicho, al referirnos a las personas enumeradas en los incisos a) al e) el Art. 16 de la Ley 1626/2000, pero ello no ocurre cuando centramos el análisis respecto de las personas que accedieron a la jubilación, conforme al inciso f). Deberá notarse que la situación particular de quien tuvo la oportunidad de acceder a un haber jubilatorio, que es el resultado, como se dijo líneas arriba, de su esfuerzo y persistencia a través del tiempo, es totalmente distinta a las demás categorías de personas inhabilitadas citadas en los otros incisos. No es propósito analizar todos los demás casos para validar el punto, pero la mera circunstancia de ser merecedor de una jubilación no resulta equiparable al hecho de haber sido condenado a pena privativa de Gas &vo E. Santander Dans- Ministro Cesar M. Diesel Junghann Ministro CSJ Dr. Victor Rios Ojeda Ministro 9 rón Martínez Secretario

libertad. En uno de los casos se accedió al derecho por el mérito de los años de servicio y en el otro, se recibió una sanción como consecuencia de un hecho punible, pero para ambas personas, la Ley de la Función Pública tiene el mismo reparo de inhabilitarlos para el ingreso a la función pública o para contratar con el Estado. Por ello, encuentro que existe en este inciso f) del artículo 16 de la Ley N° 1626 una inconstitucionalidad por vulneración de la supremacía, por un lado, y por el otro se infringe el derecho a la igualdad, garantía materializada solamente cuando ante una situación determinada, se dispensa a todas las personas el mismo tratamiento, y en el caso que nos ocupa ni la Ley N° 1626/2000 ni disposición alguna puede contravenir la supremacia constitucional. Pero, aquí debe hacerse una precisión, puesto que debemos siempre tener en cuenta el sitio en el que está insertada la norma en estudio, para conocer con exactitud lo que se está reglando. Esto, las reglas de interpretación lo denominan interpretación sistemática. Revisando el lugar en el que se hace la exclusión cuya inconstitucionalidad se constató, encontramos que ella está inserta en el Capítulo II de la Ley N° 1626, "De la Carrera Administrativa. De la incorporación de los Funcionarios Públicos". En este Capítulo se regula en general el mecanismo a ser activado para la incorporación a la función publica, por lo que cuando declaramos la inconstitucionalidad del inciso f) del artículo 16 de la Ley N° 1626, ello no significa que el jubilado tenga el derecho directo de ingresar a la función pública o de contratar con el Estado, sino que tiene el derecho a pugnar mediante el mecanismo reglado por el Capítulo en el que la norma se inserta, esto es, tiene el derecho al concurso por el que probará su idoneidad para ocupar el cargo.- En cuanto a las objeciones en contra del Art. 143 de la Ley 1626/00, que según la modificación de la Ley N° 3989/10 establece: "Artículo 143°. - Los funcionarios que se hayan acogido al régimen jubilatorio no podrán ser reincorporados a la Administración Pública, salvo por vía de la contratación para casos excepcionales, fundados en la declaración de emergencia o en la falta de recursos humanos con el grado de especialización del contratado La docencia y la investigación científica quedan excluidas de esta limitación" (las negritas de resalto nos corresponden). La disposición propone que una persona que se encuentre acogida a la jubilación, en circunstancias excepcionales pueda ser contratada, por existir una emergencia o por la ausencia de recursos humanos con la especialización requerida para el caso. Como la norma lo aclara, se trata aquí de los casos de reincorporación de un jubilado al mismo lugar que ocupara cuando cumplía sus funciones antes de obtener el beneficio de la jubilación. En el caso de autos, la norma no resulta aplicable a la accionante, debido a que la misma fue propuesta para cumplir funciones de Instructora en el Servicio Nacional de Promoción Profesional, mientras que la disposición sujeta a revisión previene los casos de reincorporación mediante contrato de personas acogidas a la jubilación. En relación a la acción contra el Art. 17 de la Ley N° 1626/00, la parte recurrente se limitó a objetar la disposición, sin enunciar la manera en que entiende que ella infringe la Carta Magna y con ello termina afectada. Finalmente, en cuanto a las objeciones contra el Art. 251 de la Ley de Organización dministrativa, si bien fue modificada por la Ley N° 6834/2021, los agravios enunciados ni quedan en imposibilidad de ser estudiados. La nueva redacción dispone: "Art. 251.- Lo ubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipa leberán optar entre la jubilación y la remuneración en el cargo o empleo que acepter ingresando a los fondos de jubilaciones y pensiones el importe de retribución que dejen de percibir.— 10

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 01 03 Ш!!) 10,05 g 2 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LUCILA FRANCO CANDIA C/ EL ART. 251 DE LA LEY N°1/1909 "DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ESTADO"; ART, 17 Y ART. 1 DE LA LEY 3989/10 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" QUE MODF. EL ART. 16 INC. F) Y ART. 143 DE LA LEY Nº1626/00 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA". AÑO: 2020 N°:1260.- 20 .encuentran excluidos de esta disposición, todos los jubilados del régimen de jubilaciones y pensiones, administrados por el Ministerio de Hacienda que ingresen, se as a mes ardas Nasionales, para si firmio de a docenas a tratan entie.... encuentren o se encontraban, como contratados o nombrados, en el Magisterio Nacional o en Los jubilados nombrados para el ejercicio de la docencia y/o la investigación científica en el Magisterio Nacional o en las Universidades Nacionales, podrán optar entre aportar nuevamente a la Caja Fiscal o no hacerlo, pudiendo, en caso de hacerlo, solicitar el retiro de los aportes realizados según las leyes vigentes". La norma propone una elección entre sus haberes jubilatorios y la remuneración en el cargo o empleo a todo jubilado que vuelva a ocupar un empleo o cargo público rentado, nacional o municipal. En este marco no puede dejar de observarse que una persona jubilada, al realizar una actividad laboral, pone en marcha dos derechos que fluyen en simultáneo, que son el de percibir su jubilación, que corresponde a la compensación por los años de aporte ya cumplidos, por un lado, y por el otro, el de percibir el salario por la actividad laboral efectiva que se encuentra cumpliendo. La realidad propone dos igualdades que son distintas: la igualdad entre todos los que realizan un trabajo, respecto de los cuales, todos tienen derecho a percibir la remuneración por ese trabajo. También propone la realidad entre todos los jubilados, a quienes les asiste el derecho a percibir el haber jubilatorio que es un derecho al que se accedió por los años de aporte realizados anteriormente. Si decimos que todos los trabajadores y los jubilados son iguales y a los mismos les corresponde percibir los montos que les son adeudados, esta aseveración no debe ser distinta cuando la única circunstancia que varía es la de reunir en una sola persona la calidad de trabajador y jubilado, puesto que el origen de los montos a percibir es totalmente distinto. Sostenemos que el derecho a la igualdad se materializa solamente cuando ante una misma situación, se dispensa a todas las personas el mismo tratamiento, y en el caso de la disposición en estudio, queda evidenciada la inexistencia de tal tratamiento igualitario.— No puede dejar de notarse, además, que la redacción actual de la ley realiza una exclusión, proponiendo que en el caso del ejercicio de la docencia y/o la investigación científica, la norma no se aplique a los jubilados del régimen de jubilaciones administrados por el Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Economía), lo cual muestra una desigualdad insertada en la propia redacción, puesto que propone que la obligación de optar entre el salario y la jubilación en algunos casos no será necesaria, evidenciando así la existencia de un tratamiento distinto ante una circunstancia exactamente igual, que en este caso es la reincorporación de un jubilado, Estos razonamientos otorgan justificación a la declaración como inconstitucional de la norma en estudio, por vulnerar la supremacía constitucional.——.. Por las consideraciones hechas precedentemente, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida, y en consecuencia declarar inaplicable el Art. 16 inc. f) de la Ley N° 1626/2000, modificado po.r la Ley N° 3989/10 y el Art. 251 de la Ley de Organización 11

Administrativa de 1909, modificada por la Ley N° 6834/2021, en cuanto afecta los derechos de la señora LUCILA FRANCO CANDIA, de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del CPC. Corresponde asimismo el levantamiento de la medida cautelar dispuesta mediante el A.I. N° 1070 del 2 de agosto de 2022. Es mi voto. Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue; Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. • Gustavo E. Santander Dans. Ministro Ante mí: SENTENCIA NUMERO: 1c0 S \ Pavón Martínez Saciario Dr. Victor Rios Ojeda Ministro Asunción, 26 de marzo de 2.025.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentisima, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional HACER LUGAR PARCIALMENTE a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 1° de la Ley N°3989/10 que modifica los Arts. 16 inc. f) y 143 de la Ley N°1626/00; del Art. 17 de la Ley N°1626/2000 y del Art. 1° de la Ley N°6834/21 que modifica el Art. 251 de la Ley N°22/1909, en relación a la señora LUCILA FRANCO CANDIA, de conformidad a lo establecido en el art. 555 del CPC. ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de efectos, dispuesta por el A.I. N° 1070 de fecha 02 de agosto de 2022, dictado por esta Sala. Gustavo E. Santander Dans Ministro ^* Ante mí: Dr. Victor Ríos Ojeda Ministro CORTE SECRETARIA JUDICIALI JUSTICIA 12