Jurisprudencia CSJ

Corte Suprema de Justicia *Bicentenario de la Independencia Nacional 1811/2011* ACCIÓN: "JOSÉ RAUL TORRES KIRMSER S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL" (No. 1807, AÑO: 2008) ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: TRenta y siete En la Ciudad Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los tem tetes • días del mes de febrero del año dos mil P nueve, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los * Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor VICTOR 3MANUEL NUÑEZ RODRÍGUEZ, Presidente y Doctores ANTONIO 5 SERETES y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, esta última → por inhibición del Dr. José V. Altamirano, Miembros, ante mí, el Secretario HASUNALES autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "JOSE RAUL TORRES KIRMSER S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL", a fin de resolver la acción declarativa incoada por el Sr. Ministro Dr. José Raúl Torres Kirmser . Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTIÓN: 1) ¿Es procedente la acción planteada por el Dr. José Raúl Torres Kirmser? ¿Ha alcanzado el actor la inamovilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional? Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: NUÑEZ RODRIGUEZ, FRETES y PUCHETA DE CORREA. A la cuestión planteada el Señor Ministro NUÑEZ RODRIGUEZ dijo: Por la vía de la acción declarativa de certeza constitucional, el Dr. José Raúl Torres Kirmser pretende que se declare su inamovilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, que actualmente desempeña en el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia. A los efectos de determinar la procedencia de la pretensión del recurrente, estructuraré el presente voto sobre los siguientes ejes centrales: I) Admisibilidad en nuestro ordenamiento de la acción declarativa de certeza constitucional; II) Estudio del caso concreto.- I) El Código Procesal Civil, en su Art. 99, dispone: "El interés del que propone la acción podrá limitarse a la declaración de la existencia o no existencia de una relación jurídica, o a la declaración de autenticidad o falsedad de un documento" ". Dicha norma se encuentra dentro de las disposiciones generales relativas al proceso, legisladas en el Libro I del Código Procesal Civil, -Título IV-, correspondiente al ejercicio de la acción en general. Es decir, la sistemática del Código Procesal indica a las No eter Pail en es que la or en cuestión este alcance general, referida ... I PUCHETA de CORREA Ministra ...ll/...cualquier tipo de acción, en el sentido de enunciar como suficiente la existencia de una duda que amerite la declaración de certeza para configurar el interés que justifique el recurso a la máx ma instancia judicial.-_ Nos encontramos, pues, ante una acción meramente ‹leclarativa en sentido clásico. La admisibilidad de esta figura no puede ser puesta en dudas, atentos a la disposición del Art. 99 del Código Procesal Civil, recientemente citada. La doctrina enseña, en tal tenor de ideas, que "la pretensión declarativa es aquella que tiende a obtener un pronunciamiento que elimine la talta de certeza sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico" (Palacio, Lino Enrique y Alvarado Velloso, Adolfo. Código Procesal Civil y Conercial de la Nación. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1ª ed., 1993, tomo 7, pág. 171), caracterizándose la misma en que el interés se delimita en la mera disipación de la incertidumbre, suficiente para satisfacer el interés de quien propone la acción. En estos casos, "la jurisdicción se resuelve en la verificación de los datos de derecho y de hecho relevantes en orden a una relación jurídica, esto es, de los preceptos y de los hechos de los cuales depende su existencia o inexistencia; según los resultados de esa verificación, el juez declara que la situación existe o bien que no existe" (Carnelutti, Francesco. Instituciones del Proceso Civil. Buenos Aires, EJEA, 1' ed., 1959, tomo I, pág. 68). . Las altas finalidades del instituto en cuestión son puntualizadas por el maestro Chiovenda: "La determinación de la voluntad de la ley en el caso concreto es, por sí misma, un bien, puesto que de la certeza derivan inmediatamente determinadas ventajas. Si se afirma la existencia de una voluntad de la ley que nos garantiza un bien, al beneficio asegurado por la ley se agrega la seguridad de la expectativa, y la posibilidad de disposición en el comercio juridico (...). Esta producción de la certeza urídica como fin en sí misma es, por un lado, la función más autónoma del proceso, porque permite obtener un bien que no puede ser conseguido de otra manera: y por otro lado es, verdaderamente, la función más elevada del proceso civil. El mismo se nos presenta no como un mecanismo de coacción, sino mediante el aspecto más perfeccionado y refinado de puro instrumento de integración y concreción de la voluntad expresada en la ley solo de modo general y abstracto; facilitando la vida social mediante la eliminación de las dudas que entorpecen el desenvolvimiento norinal de las relaciones jurídicas. Asegurar la certeza en las relaciones incerpersonales, prevenir los actos ilegítimos antes que atacarlos con el peso de grandes responsabilidades, he aquí una tarea digna del proceso en un pueblo civilizado" (Chiovenda, Giuseppe. Ensayos de Derecho Procesal Civil. Milán, Giuffrè, 1" ed., 1993, tomo III, pág. 53).- Siendo este el espíritu que informa al Art 99 del Código Procesal Civil, en cuya virtud las acciones declarativas de certeza son admitidas en el seno de nuestro ordenamiento, resta por ver la admisibilidad de este tipo de acciones en sede de interpretación constitucional; esto es, si la..!||...

DER ACCIÓN: "JOSÉ RAUL TORRES KIRMSER S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA Corte Suprema de Justicia "Bicentenario de la Independencia Nacional 1811/2011* CONSTITUCIONAL" (No. 1807, AÑO: 2008) .../ll. duda derivada de la aplicación de normas constitucionales, que BARU configuran derechos o deberes concretamente apreciables y en el marco de un caso concreto, puede ser disipada mediante el ejercicio de una acción declarativa de certeza; la cual en este caso llevará el adjetivo de "constitucional", por la índole de los derechos sobre los que versa la interpretación, que derivan directamente de la máxima norma en el orden de jerarquía.- DE La respuesta afirmativa se impone. Ya la primera apreciación empírica no puede llevar a otro resultado, puesto que la eliminación de dudas o incertidumbres jurídicas en el caso concreto es una función de alta relevancia social, que es aplicable, indiferentemente, en todos los ámbitos del quehacer jurídico: derecho público o privado, constitucional o civil, etc. La eliminación de dudas, incluso, es más relevante tratándose de actuaciones de derecho público, donde los operadores del mismo tienen un interés más que legítimo, en caso de incertidumbres sobre la aplicación o interpretación de normas en un caso concreto y determinado, para conocer cuál es su actuar correcto. La opinión contraria impondría la incoherencia de tener primero que actuar para luego saber, frente a hechos ya consumados, si lo actuado fue o no correcto. A este respecto no se puede dejar de transcribir el ilustrativo ejemplo que brinda el maestro Bidart Campos: "Supongamos extravagantemente que una ley prohíbe salir del país hacia determinado estado, sin razonabilidad alguna. Quien pretende salir puede sin duda solicitar su pasaporte y, al ser indudablemente denegado en aplicación de la ley, acudir luego a la justicia. Pero, ¿es necesario para habilitar la vía judicial ese intento previo (y frustrado) de obtener el pasaporte, cuando de antemano se sabe con seguridad que no será otorgado? ¿No es un formalismo ritual vano, paralizante, y de inútil demora? ¿Por qué no abrir la acción judicial directamente y permitir que con ella se ataque de inconstitucional la norma y, declarada judicialmente que lo es, se autorice la salida del país? (Bidart Campos, Germán J. La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional. Buenos Aires, EDIAR, 1ª ed., 1987, pág. 185). Nuestro ordenamiento jurídico, a través de la norma general del Art. 99 del Código Procesal Civil, permite eliminar tal duda antes de actuar, mediante una interpretación que proporcione una pauta de conducta y legalidad para el caso concreto.....- La normativa de rango constitucional, así como la legal, permiten también afirmar la admisibilidad de este tipo de acción en sede de interpretación constitucional por parte/de esta Corte. El Art. 247 de la Carta Magna asigna al Poder Judicial la función de interpretar la Constitución, mientras que el Art. 259 del mismo cuerpo legal confiere a la Corte Suprema de Justicia, como deberes y atribuciones, los demás que fijen la Constitución y las leyes. La Ley 609/95, en su Art. 3º inc. a), asigna a la Dr. ANTONTO FREtsticia el deber FoRM. interpretar la Constitución... ViCHE 3 Ministra ...!l/...Surge, pues, palmariamente que, en caso de duda sobre el alcance de una norna constitucional, que se concretice en un caso específico que permita la intervención jurisdiccional, es el máximo órgano de la República quien debe ejercer la función interpretativa, dilucidando el alcance y efectos de la normativa de máximo rango. Esta Corte, por medio de su sala Constitucional, ha sostenido en diversos fallos que la misma no constituye un órgano consultivo; vale decir que ante la sala Constitucional no es posible plantear para su interpretación una consulta sobre si un determinado instrumento normativo es inconstitucional o no. Pero es evidente que en el caso en estudio no se trata de una consulta sobre la constitucionalidad o no de un acto normativo, sino que lo que se pretende es que la Corte Suprema de Justicia declare con certeza constitucional la existencia de un derecho del cual el actor es acreedor por imperio de una norma constitucional, cuya interpretación se solicita por medio de la presente acción.—— La doctrina admite, de modo conteste, la pertinencia de una declaración de certeza constitucional para el caso concreto, como medio idóneo para excitar la competencia del órgano jurisdiccional. "Basta para que haya proceso, que la parte justiciable necesite, de acuerdo al derecho vigente, que el tribunal emita un pronunciamiento que encuadre y decida un caso real y concreto dentro de ese derecho vigente, sea ella para dirimir pretensiones controvertidas, sea para resolver situaciones o relaciones inciertas o dudosas, sea para otorgar eficacia a determinados estados o relaciones jurídicas" (Bidart Campos, Germán J. La interfretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional. Buenos Aires, EDIAR, 1ª ed., 1987, pág. 184). Y ello es así, porque si se c erra la vía de la acción declarativa, "y no hay forma posible de que fuera de ella se alcance a componer de otra manera una causa judiciable de otra índole y por otra vía, debemos decir enfáticamente que la inexistencia o el cierre de la acción declarativa de inconstitucionalidad frustra el derecho a la jurisdicción por privación absoluta de justicia. Y eso es inconstitucional, porque la ausencia de vía procesal para ventilar la pretensión se identifica con la imposibilidad de acceso a la administración de justicia" (Bidart Campos, Germán J., Ibídem, pág. 186).- Consignando autorizada opinión doctrinaria en apolo de la voz pionera del Prof. Bidart Campos, se ha dicho cuanto sigue: "Sagües no encuentra impedimentos valederos para admitir la acción declarativa de inconstitucionalidad en el derecho argentino, dados ciertos presupuestos procesales (interés legítimo en su promotor, existencia d: una norma vigente y aplicable cuya ejecución puede causarle agravio), y en tanto los efectos de la declaración se limitan al caso concreto (...) La eliminación del estado de incertidumbre jurídica por medio de la acción ceclarativa de inconstitucionalidad brinda al ciudadano una noción clave y definitoria de la medida de sus derechos y obligaciones" (Serra Rad, María Mercedes. Procesos y Recursos constitucionales. Buenos Aires, Depalma, 1" ed., 1992, pág. 110).- 4 =

ODER Corte Suprema de Justicia *Bicentenario de la Independencia Nacional 18112011* ACCIÓN: "JOSÉ RAUL TORRES KIRMSER S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL" (No. 1807, AÑO: 2008) ...///...Las expresiones doctrinarias encuentran análogo fundamento legal en el ámbito nacional, por cuanto que las mismas se basan en la disposición del Art. 322 del Código Procesal Civil argentino, conforme a las decisiones jurisprudenciales argentinas —Provincia de Santiago del Estero c/ Y.P.F, LL 1986-C-117—, y la unanimidad de la doctrina citada. Dicho artículo no es otro que el equivalente a nuestro Art. 99 del Código Procesal Civil, que consagra la procedencia de la acción puramente declarativa. Integrada tal disposición con la normativa relativa a la competencia en materia de DE interpretación constitucional y la existencia de un caso concreto; resultan aplicables en un todo al desarrollo e interpretación normativa nacional. Esto —reiteramos— sin importar que nos estemos refiriendo al ámbito del derecho privado o del derecho público. "La acción meramente declarativa de certeza no busca, directa ni necesariamente, una declaración de constitucionalidad sino de certidumbre, pero que en la medida en que para lograr esa certidumbre, hace falta una revisión de constitucionalidad, la incluye e incorpora al proceso, y la exige en la sentencia. En esto, pues, coincide con todo proceso y con toda sentencia, porque es la necesidad de aplicar una norma al caso sub júdice la que incita al control constitucional de esa norma. De este modo, al no ser el proceso declarativo de certeza una vía destinada a conseguir, directamente, una sentencia de mero control constitucional, sino una sentencia que declare con seguridad y certeza →› con la vinculatoriedad de la cosa juzgada — la existencia o inexistencia de un derecho (...) El control formará parte del proceso no como objeto principal o único, sino adherido a la pretensión de certeza que versará sobre una relación jurídica dudosa" (Bidart Campos, Germán J. La acción declarativa de certeza y el control de constitucionalidad. LL 154-518). En el marco jurisprudencial, es harto conocido el enjundioso dictamen del entonces Procurador General de la Nación argentina, Eduardo H. Marquardt, altamente elogiado por los profesores del vecino país. El mismo se transcribe en LL 154-515 y siguientes, con la nota de Bidart Campos que acabamos de señalar, y advierte que "la admisibilidad de la acción declarativa no se subordina a la naturaleza del derecho discutido. Así resulta de la legislación, jurisprudencia y doctrina de los países anglosajones, en los cuales la tutela de los derechos públicos subjetivos está confiada a los tribunales ordinarios, al igual de lo que ocurre en la Argentina, y también en otras naciones ajenas a la tradición jurídica anglosajona (...) De lo expuesto surge que no parece acertado el criterio según el cual el Art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial equivalente al Art. 99 de nuestro Código Procesal Civil— tiende a tutelar solo las relaciones de derecho privado y no comprende los actos realizados por órganos públicos en ejercicio de su poder de policía". LL 154-520.-— Esta orientación innovadora fue admitida por la Corte Suprema a sog. Héctor Fabian salar fi del fallo ya citadof Provincig de Santiaen del Estero c/ Y.P.F.—.|l.J Secretario Dr. ANTONIO FRETES mule Ministro ATICIA PUCHETA de CORREA Ministra ...lll.. y a partir del caso Gómer S.A. c/ Provincia de Córdoba, se sistematizaron los requisitos de procedencia de la acción meramente declarativa en sede constitucional, que debe encontrar sustento en: a) una acción que afecte sustancialmente en algún momento los intereses legales de alguna persona; b) que la actividad cuestionada alcance el peticionario en forma suficientemente directa, y c) que ella haya llegado a una concreción bastante (Verdaguer, Alejandro C. Acciór meramente declarativa, su alcance como acción de inconstitucionalidad a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. LL 1991-A- 794). Así se ha pronunciado dicho órgano en otros casos: "Se encuentran reunidos los requisitos del Art. 322 del Código Procesal para la procedencia fornal de la acción meramente declarativa, si concurre un estado de incertidumbre sobre la existencia y modalidad de una relación jurídica en la medida en que se trate de dilucidar la exisiencia de una obligación respecto de la cual se ha producido la totalidad je los hechos concemientes a su configuración, por lo que la controversia es actual y concreta, la actora ha demostrado tener un interés jurídico, suficiente y carece de otra vía alternativa útil". LL-1988-D-98. Análogo criterio se ha sostenido en autos "Gomez S.A. c/ Provincia de Córdoba" (B dart Campos, Germán J. La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional. Buenos Aires, EDIAR, 1" ed., 1987, pág. 192)..... Yendo al plano nacional, como bien lo destacó el aco onante, se ha admitido la acción declarativa de certeza constitucional, en los autos "TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL S/ ELECCIONES GENERALES PARA EL PODER EJECUTIVO", en los que la Corte Suprema de Justicia, por S.D. N° 191 de fecha 27 de abril de 1999, realizó una interpretación constitucional para la declaración, con alca ice de certeza constitucional, de la conducta a seguir en caso de dudas frente a un caso concreto; en la especie, la determinación de la persona que debía ejercer la Presidencia de la República hasta completar el período y la convocatoria de elecciones para el cargo de Vicepresidente de la República.-... En ocasión del estudio del caso planteado, esta Corte hibía sostenido que "la mera consagración del principio de supremacía constitucional deviene inoficiosa si no va acompañada del procedimiento que lo vuelva efectivo, de suerte que la norma o el acto inconstituciona es no tengan aplicación y no produzcan efectos. Tan importante como e principio de supremacía constitucional, es el de arbitrar los medios o los procedimientos para llevar a la práctica el control de dicha supremacía". Expresa en otra parle el mencionado fallo: "Diversos sistemas jurídicos admiten el control preventivo de constitucionalidad..Este tipo de acción se conoce como acción declarativa de certezil, y precisa necesariamente para su admisibilidad, la existencia de una duda o incertidumbre referida a la aplicación de una norma constit acional en un caso concreto y determinado, descartándose los casos eventuales o especulativos". 6

Corte Suprema de Justicia *Bicentenario de la Independencia Nacional 1811/2011* ACCIÓN: "JOSÉ RAUL TORRES KIRMSER S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL" (No. 1807, AÑO: 2008) ...///...Señala, además: "Doctrina y jurisprudencia comparadas abonan esta tesis: La declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda ER JU a un caso que busque precaver los efectos de un acto en ciernes con el fin *ESTADISTICOS •de evitar una lesión al régimen constitucional, constituye causa sujeta a interpretación de la Corte Suprema de Justicia" Lo expuesto, pues, permite concluir por la afirmativa de la cuestión marcada bajo el numeral I), ya que, de conformidad a las normas legales señaladas, y a los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales nacionales SP y extranjeros, no hay duda de que es admisible una acción meramente declarativa para disipar la incertidumbre derivada de la aplicación de normas constitucionales para determinar la conducta a seguir en un caso concreto; función y finalidad última de la acción declarativa, conforme lo dejamos expuesto.- II) La duda interpretativa que plantea el accionante se refiere a su situación concreta de Magistrado en ejercicio de la función jurisdiccional -actualmente en la Corte Suprema de Justicia— en relación con la garantía de inamovilidad que el Art. 252 in fine de la Constitución Nacional establece. En tal orden de ideas, la duda o incertidumbre objetiva que da pie a la presente acción declarativa se refiere al posicionamiento del actor ante el Estado y la sociedad, e involucra una interpretación de ciertos hechos, a saber el ejercicio de diversos cargos en la función jurisdiccional, a los efectos de delimitar su cómputo para la inamovilidad, aun mediando ascensos en la carrera judicial.- La inamovilidad es un derecho que la Constitución Nacional garantiza al magistrado judicial en el ejercicio de sus funciones. La ley suprema consagra el instituto de la inamovilidad en dos disposiciones normativas, Art. 252 y Art. 261 de la Constitución Nacional. La primera de ellas —De la Inamovilidad de los Magistrados-se refiere a los miembros de tribunales y juzgados de toda la república que hubiesen sido designados por períodos de cinco años y confirmados por dos períodos siguientes al de su elección, a partir de la cual adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y el Art. 261—De la Remoción y Cesación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia— que consagra la inamovilidad de un Ministro de la Corte Suprema de Justicia desde su designación hasta el cumplimiento de la edad de setenta y cinco años. En reiterados fallos esta Corte ha sostenido que un Ministro de la Corte Suprema de Justicia es inamovible en su cargo desde su designación hasta el límite de edad ya citado. Pero también ha dictado normas de carácter administrativo por las que se ha declarado la inamovilidad de varios magistrados por la doble confirmación en sus respectivos cargos. En el caso que nos ocupa, Abog. Héctor Fabián faltate o a acia de un Ministro dela Cons Suprema de Jusi,.... Seoreta/io 7 ALICIA PUCHETA de CORREA Ministra ...lll...pudo haber invocado el Art. 261 de la Constitución Nacional pero, habiendo dado cumplimiento a los requisitos previstos en el Art. 252 y 8° de las disposiciones finales y transitorias de la misma Constitución que igualmente consagra su inamovilidad como magistrado julicial, solicita que esta Corte declare con certeza constitucional que el mismo ha alcanzado su inamovilidad en el ejercicio de la magistratura judicial.- Con carácter previo a la dilucidación de la duda planteada, analizaremos la proponibilidad de la acción meramente declarativa en el caso concreto. La jurisprudencia ha dejado dicho que para que prospere una acción de este tipo se requiere: a) que haya incertidumbre respecto de las relaciones de derecho; b) que tal incertidumbre apareje un daño actual al accionante; c) que la sentencia de declaración baste para eliminar la incertidumbre o para prevenir el daño, dependiendo su naturaleza de la relación jurídica sobre la cual versa, además de no existir otro medio legal para poner fin a la falta de certeza. (JA 1991-1-448, y Palacio, Lino Enrique y Alvarado Velloso, Adolfo. Código Procesal Civil y Conercial de la Nación. Santa Fe, Rubinzal Culzoni, la ed., 1993, tomo 7, pág. 174). . Resulta palmario que el recurrente ha acreditado las condiciones que demuestran la viabilidad de su pedido. En efecto, mediante las instrumentales de fs. I al 40 de autos, demostró el efectivo ejercicio de la función jurisdiccional por el plazo de 35 años, y su actual condición de Ministro de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la duda o incertidumbre, si bien subjetivamente ella no existe para el propio accionante, según inanifiesta en su escrito, desde el punto de vista objetivo y frente al Estado y la sociedad esta situación aún no está esclarecida a su respecto; con lo que subsiste, sin duda, una relación de derecho actual idónea para motivar la incertidumbre. Esta, vista en relación al caso concreto, plantea el problema de que la normativa constitucional no delimita claramente la situación de Magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional en diversos cargos a lo largo del tiempo a los efectos de la inamovilidad, atentos al tenor de los Arts. 252 in fine y 261 de la Constitución Nacional; esto dicho, sin que escape a nadie que la cuestión nadie que la cuese lav referida a la inamovilidad de Ministros de la Corte Suprema de Justicia ha sido objeto de amplias y divergentes interpretaciones. De este modo, acreditada la situación de duda objetiva y configurado el perjuicio concreto derivado de la situación actual del accionante, no caben objeciones de que, al no existir otro inedio legal, es la acción meramente declarativa la que permite tutelar el interés legítimo que tiene el actor en disipar frente a la sociedad una duda constitucional que lo afecta actual y efectivamente. Interés este que es delimitado en sus propias palabras, exponiéndose asi el daño concreto derivado de la incertidumbre: "Actualmente concurren posturas que pretenden, basadas sobre todo en una incertiduinbre derivada de la interpretación de las diversas normas aplicables al caso, que concurse nuevamente para el cargo de Ministro de la Corte, o que recurra al procedimiento de confirmación previsto por el Art. 19 de la Ley 609/95" (f. 50 del escrito de promoción de la acción).— 8 =

ACCIÓN: "JOSÉ RAUL TORRES KIRMSER S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA Corte Suprema de Justicia *Bicentenario de la Independencia Nacional 1811/2011* CONSTITUCIONAL" (No. 1807, AÑO: 2008) ...Jll..De todas maneras, a mayor abundamiento, la doctrina se ha planteado, abstractamente, casi la misma situación que hoy el Dr. Torres Kirmser alega en concreto, como ejemplo de la procedencia de la acción Proy meramente declarativa: "Imaginemos ahora que una ley desconoce la cos estabilidad adquirida por docentes que se desempeñan en virtud de designación emanada de un concurso, y prescribe que deberán concursar ASUNCION nuevamente para adquirir nuevo título. ¿No puede demandarse directamente la inconstitucionalidad de la ley por parte de un profesor que, ya concursado y nombrado, ve allanada su estabilidad, y sabe que obligatoriamente tendrá que optar por concursar nuevamente, o cesar en su RIBUNALES función? ¿Qué óbice constitucional existe? Ninguno (...). En resumen, creemos que procede articular el control de constitucionalidad en la causa que se promueve mediante una acción declarativa de certeza" (Bidart Campos, Germán J. La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional. Buenos Aires, EDIAR, 1" ed., 1987, pág. 187).- Resulta claro, entonces, que afectando directamente la incertidumbre objetiva, derivada de normas constitucionales, a la esfera del accionante, en cuanto la misma atañe o guarda relación con su situación concreta y la aplicabilidad a su persona del instituto de la inamovilidad, no caben dudas de que hay daño, incertidumbre y ausencia de otro medio legal para reparar la cuestión.- De este modo, verificadas las condiciones formales de procedencia de la acción, nos abocamos al fondo de la cuestión, que puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿La inamovilidad se refiere solamente a un mismo cargo, o los ascensos también deben ser computados para tales efectos? La Constitución Nacional, en su Art. 252, establece: Magistrados son inamovibles en cuanto al cargo, a la sede y al grado, durante el término para el cual fueron nombrados. No pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento previo y expreso. Son designados por períodos de cinco años, a contar de su nombramiento. Los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos períodos siguientes al de su eleeción, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de-Justicia" — La aproximación meramente gramatical al artículo en cuestión indica que la inamovilidad se refiere al Magistrado, es decir, al ejercicio de la función jurisdiccional; por lo que el traslado o ascenso que contenga su consentimiento previo y expreso no puede afectar la inamovilidad adquirida. Esta interpretación, desde luego, se compenetra armónicamente con los conceptos doctrinarios referidos a la inamovilidad. Ya la doctrina anterior a la entrada en vigor de la Constitución Nacional de 1992 encumbraba la inamovilidad como garantía de la independencia judicial, ya que este poder necesita una neutralidad política que lo mantenga alejado de Las ind encias, partidarias Prieto, Justo Colitución y régimen ../... 30% Héctor Fabián Secretario Dr. ANTONIO FRETES ** GIA 70 ETA de CORREA Ministra ...lll...político en el Paraguay. Asunción, El Lector, 1" ed., 1987, pág. 338), proponiéndose incluso la determinación expresa de que "a excepción de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes gozan de inarnovilidad permanente desde el momento de asumir el cargo, los demá: Magistrados transcurrido el primer período de designación, si antes no fuesen cuestionados por la Corte Suprema de Justicia" (Riera Hunter, Marcos. La independencia del Poder Judicial. Asunción, La Ley Paraguaya, 1" ed., 1991, pág. 194). Tales opiniones no han cambiado con el advenimiento de la nueva Constitución: "Las funciones políticas e institucionilles del Poder Judicial, sin embargo, nunca podrían ser cumplidas a cabalidad si el órgano judiciario careciese de la nota principalísima de la indefendencia. La independencia del Poder Judicial es el presupuesto del cumplimiento eficaz de su función específica y natural, al tiempo que es la condictio sine qua non de la democracia y del Estado de Derecho" (Riera Hunter, Marcos. Independencia y autarquía presupuestaria del Poder Judicial. En: Homenaje a la Constitución. Asunción, edición de la Corte Suprema de 'usticia, 1997, pág. 233).- Es sabido que la inamovilidad es uno de los principales elementos que protegen la independencia del juzgador en el ejercicio de su función. No insistiremos sobre su importancia, limitándonos a repetir que "la misma se adecua al deseo de una judicatura experimentada y estable, basada en el imperio del derecho, que contribuye a desterrar intereses sectoriales, políticos o personales. Además, coadyuva al control judicial de constitucionalidad de actos públicos y privados y fortalece la tutela de derechos y garantías personales" (Zarini, Helio Juan. Constitucional. Buenos Aires, Astrea, 1° ed., 1992, pág. 732).- Este elemento teleológico, que depone a favor de la inamovilidad del Magistrado en la hipótesis prevista por el segundo párrafo del Art. 252 de la Constitución Nacional, aun mediando ascensos en el e ercicio de la misma y siempre que los mismos no impliquen ruptura en la solución de continuidad, se ve confirmado por una interpretación sistemática de la Constitución. Esta dispone, en su Art. 101: "Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del país. Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funeiones y empleos públicos. La ley reglamentari las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios, las que, sin perjuicio de otras, son la judicial, la docente, la diplomática y consular, la de investigación científica y tecnológica, la de servicio civil, la militar y la policial"....-• Consagrando tal disposición expresamente la carrera judicial, obvio resulta que dicha elección sería contradictoria con la no corsideración de los eventuales nombramientos en otro órgano de ejercicio de la función jurisdiccional, luego de completado el período establecido por el Art. 252 de la Constitución Nacional. Desde luego que la presente conclusión tampoco se aparta de lo dispuesto por autorizada doctrina, que enseña: "Un derecho fundamental del agente público es el 'derecho a la carrera', ...//... 10

dadod • DE Corte Suprema de Justicia *Bicentenario de la Independencia Nacional 1811/2011* ACCIÓN: "JOSÉ RAUL TORRES KIRMSER S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL" (No. 1807, AÑO: 2008) .../l/.que, desde luego, comprende el de estar constantemente bien 'encasillado' o ubicado en el escalafón, el de 'ascender' —que incluso JU DICK •puede comprender el de ser "trasladado'—, para llegar, finalmente, a la jubilación en condiciones satisfactorias (...). De lo dicho despréndese que el 'derecho a la carrera' consiste en la posibilidad de progresar dentro de 2 "las clases, grupos y categorías" (Marienhoff, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 4ª ed., 1994, tomo III-B, DE pág. 304).- En consecuencia, el instituto de la carrera judicial, que como vimos SUMALES se halla expresamente recogido por la Constitución Nacional, implica el fomento de la promoción y ascensos dentro del ejercicio de la función jurisdiccional. Palmariamente contradictorio sería, entonces, conceder el derecho al ascenso y consagrar la carrera judicial sin extender a los efectos de ella — confirmaciones en cargos diversos— la computabilidad a los efectos de la inamovilidad como Magistrado.- De lo expuesto surge, inequívocamente, que las designaciones en otro cargo jurisdiccional, sin solución de continuidad, constituyen otras tantas confirmaciones computables a los efectos de la inamovilidad.- Estos argumentos son suficientes para esclarecer el derecho del peticionante, son congruentes con los hechos por él reseñados y se conforman al expreso pedido por él formulado; aun así, no está de más reiterar que la inamovilidad de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia tiene un régimen especial, establecido en el Art. 261 de la Constitución Nacional, conforme jurisprudencia ya uniforme de esta Corte Suprema de Justicia, y según la cual el antedicho Art. 261 establece para los Ministros de Corte, diferenciados nominativa y normativamente de los demás magistrados en la Carta Magna, una inamovilidad en el cargo ya desde el nombramiento. Corresponde, entonces, estudiar la situación concreta del accionante, Dr. José Raúl Torres Kirmser, a los efectos de determinar si en su caso concurre la situación de inamovilidad prevista. En primer término, conforme se aprecia a fs. 1, 2, 13 al 20, el mismo ejercía la función jurisdiccional con anterioridad a la Constitución del año 1992, por lo que resulta aplicable el Art. 8º de sus disposiciones finales y transitorias, requiriéndose, por lo tanto, dos confirmaciones.- Las mismas constan en las instrumentales de fs. 1, 2, 13 al 20, siendo la una de fecha 13 de diciembre de 1988 y las otras de fecha 19 de octubre de 1995 y 24 de setiembre de 2002, además de su nombramiento como Ministro de la Corte Suprema de Justicia en fecha 15 de marzo de 2004, que resulta ser la cuarta designación y la tercera confirmación lustral bajo la vigencia de la Constitución del año 1992. Consiguientemente, siendo dichas confirmaciones posteriores se es alicion aron en caben dueles serte el accionan .... la entrada en vigencia de la 11 •TICTA POR ETA de CORREA Ministra ..Ill...alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Así, pues, las normas constitucionales citadas líneas arriba, interpretadas a la luz de los principios enunciados, indican la existencia de suficiente razón jurídica para acoger la pretensión del accionante. - El Sr. Fiscal General del Estado, en su Dictamen No. 1870 agregado a fs. 53 a 72 de autos, se expidió favorablemente a la petición del recurrente. Como primer punto, analizó la vía procesal y arguyó que esta acción puramente declarativa está contemplada para su ejercicio directo ante los Juzgados y Tribunales Ordinarios de la República. Pero, al tratarse de un planteamiento de relevancia constitucional, la úrica instancia competente para entender y emitir pronunciamientos sobre la misma, es la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual encuentra disipada toda duda respecto a la idoneidad de la vía procesal intentada por la parte actora en el presente caso. ..- Como segunda cuestión, analizó el fondo de la petició 1 y adujo que en nuestro sistema constitucional la inamovilidad, y en lo reterente al caso de autos, protege a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, en el ejercicio del cargo; de donde resulta que un Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, amparado en cieha garantía consagrada por el artículo 261 de la Carta de Fundamentos, no podrá ser removido o destituido arbitrariamente, sino por las causales -comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones- definidas en la ley (Art. 253 de la Constitución Nacional) y por el procedimiento establecido en la misma - juicio político, Art. 261 de la C.N. Agregó que la remoción de los miembros de la Corte solo puede hacerse por medio del juicio político y por una de las siguientes causales: a)Mal desempeño en sus funciones ... b)Comisión de Delitos.... Estos presupuestos no se hallan configurados en el caso del accionante, razón por la cual, dicha vía no se encuentra habilitada para su ejercicio efectivo, por parte del órgano facultado para dicho efecto, es decir, el Poder Legislativo, a través de sus representantes, los parlamentarios. Señaló también que la Fiscalía General del Estado ha sostenido en posturas anteriores que la inamovilidad de los magistrados es muy importante para el Poder Judicial y para la seguridad jurídica del Estado, para el sistema de Justicia y para el Estado de Derecho, porque le da independencia al Poder Judicial: "PORQUE LA INAMOVILIDAD SIGNIFICA QUE LOS MAGISTRADOS NO ESTÁN SUJETOS NI AL CALENDARIO POLÍTICO DEL EJECUTIVO, NI AL PARTIDO POLÍTICO QUE HAYA GANADO LAS ELECCIONES, NI A LAS BUENAS IDEAS DEL SIGUIENTE GOBERNADOR, NI A LA MAYORÍA LEGISLATIVA QUE PUEDA QUITAR Y PONER A LOS MAGISTRADOS A SU PREFERENCIA. LA INAMOVILIDAD ES LA PERMANENCIA, LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DEL MAGISTRADO, PRECISAMENTE PARA QUE NO SUCEIA ESO. ...". Por otra parte, y relacionado directamente con el objeto de la acción que nos ocupa, expuso cuanto sigue: "El sistema de inamovilidad ...!|/... 12

01,30 PODER ACCIÓN: "JOSÉ RAUL TORRES KIRMSER S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA Corte Suprema de Justicia *Bicentenano de la Independencia Nacional 1811/2011* CONSTITUCIONAL" (No. 1807, AÑO: 2008) ...//...establecido por nuestra Carta Magna, tanto en el Art. 252, in fine, en concordancia con el Art. 8 de sus Disposiciones Finales y Transitorias, para los Magistrados de jerarquía inferior, así como, en el artículo 261, es conocido en la Doctrina del Derecho Constitucional como el de la "inamovilidad cuasi-vitalicia o semi-vitalicia" , por el cual, los Magistrados de Grados beneficiarios de confirmaciones sucesivas, así como los ciudadanos que hubieren sido designados como Ministros de la Corte Suprema de Justicia continúan en su cargo, mientras dure su buena conducta e idoneidad, pero no, indefinidamente, sino hasta la edad de 75 BUNALES (setenta y cinco) años, cuando deben acogerse a la jubilación obligatoria" Tras el análisis realizado y de acuerdo a las constancias probatorias, concluyó afirmando que la Fiscalía General del Estado considera oportuna y eficiente la Acción de Declaración de Certeza Constitucional, promovida por el Dr. José Raúl Torres Kirmser, en su carácter de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, aconsejando declarar, con alcance de certeza constitucional y exclusivamente con relación al presente caso concreto, que el accionante ha alcanzado la inamovilidad de conformidad con el Art. 252 in fine, en concordancia con el Art. 8º de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Constitución Nacional de la República del Paraguay. En base a todo lo expuesto, es criterio de este Preopinante, que corresponde hacer lugar a la presente acción, declarando con alcance de certeza constitucional que el Dr. José Raúl Torres Kirmser, actual Ministro de la Corte Suprema de Justicia, ha alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, en el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, hasta el límite de edad previsto en el Art. 261 de la Constitución Nacional. Es mi voto.- A su turno, el Señor Ministro FRETES dijo: El Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser, promovió acción de declaración de certeza constitucional con el objeto de dilucidar el derecho, derivado directamente de normas constitucionales, que le asiste en una situación jurídica concreta. Argumentó el recurrente que tiene más de 44 años de carrera judicial, habiendo pasado por casi todos los cargos del Poder Judicial. Señaló que ejerce la Magistratura desde hace 35 años y que cuando entró en vigor la Constitución de 1992 se encontraba en el ejercicio de la función jurisdiccional, en calidad de Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, según Decreto N° 1417 del 13 de diciembre de 1988. Manifestó que con las confirmaciones posteriores de los años 1995 (Decreto N° 17 del 19 de octubre de 1995); 2002 (Decreto N° 754 del 24 de setiembre de 2002) y 2004 (Decreto N° 1980 del 15 de marzo de 2004) adquirió la inamovilidad prevista en N Abog. Héctor Fabita Escobar Diaz ANTONIO FRETES M. NUNEZ! Art. 252 de la ....///.. Secretario Ministro 13 •TICIA PUCHETA de CORREA Ministra ...//l...Carta Magna en concordancia el Art. 8o de sus Disposiciones Finales y Transitorias Expresó, finalmente, que ante la incertidumbre creada por personas de distintos sectores de la sociedad y que afecta a su personil, requiere de esta Sala se declare, con alcance de certeza constitucional y exclusivamente con relación al presente caso concreto, que el suscripto ha alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la Magistratura, de conformidad con el Art 252 in fine de la Constitución Nacional, en concordancia cor el Art. 8° de sus Disposiciones Finales y Transitorias. -... . Analizadas las constancias de autos, especialmente las documentales arrimadas, surge que el accionante, al momento de ser nombrí.do integrante del Máximo Tribunal de la República, ya había adquirido la inamovilidad prevista por el Art. 252 de la Constitución Nacional, en concordancia con lo que estatuye el Art. 8º de las Disposiciones Finales y Transitorias, teniendo en cuenta que el Dr. Torres Kirmser fue confirmadr, por segunda vez en el año 2002. - Todo ello sin perjuicio de que a mi criterio, expuesto en fallos anteriores, las disposiciones constitucionales respecto a la in: movilidad de los Ministros de la Corte, son claras e incuestionables, pero en esta oportunidad y con motivo de la acción deducida, se podrá e iriquecer aún más dadas las circunstancias particulares de cada caso. Tomando en cuenta las aseveraciones precedentes, surque que cuando el Dr. Torres Kirmser asumió el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, a más de la inamovilidad prevista para los magistrados, del Art. 252 de la C.N. que ya había obtenido, tainbién podría ampararle la inamovilidad contemplada para los Ministros de la Corte, prevista en el Art. 261 de la Carta Magna, conforme al criterio sustentado en anteriores fallos, Acuerdos y Sentencias N° 222 y 223 de fecha 5 de mayo de 2000. En conclusión se puede afirmar que la garantía de la independencia del Poder Judicial, constituye sin duda alguna la inamovilidad no solamente de los Ministros de la Corte, sino que también se extiende a los demás magistrados que integran la institución, con la sola condición de mantener la buena conducta. La cuestión de la inamovilidad, como se ha podido comprobar, ha acaparado la atención de propios y extraños, porque precisamente toca la garantía prevista en la Constitución, cual es la independencia del Poder Judicial. Es algo incuestionable, en el terreno de la doctrina y en el de los hechos, que la independencia de los jueces, primera condición reclamada para el buen deseinpeño de sus funciones y esencial en el sistema de la división de los poderes, se obtiene con mayor seguridad con la inainovilidad mientras dure su buena conducta, que co , su periódica renovación.-..- En tales condiciones, coincidiendo con la opinión del J'iscal General del Estado, considero que corresponde se haga lugar a la presente acción promovida por el Dr. José Raúl Torres Kirmser. //... 14

+ PODER PABUNAL Corte Suprema de Justicia *Bicentenario de la Independencia Nacional 1811/2011* ACCIÓN: "JOSÉ RAUL TORRES KIRMSER S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL" (No. 1807, AÑO: 2008) RUJA ...III...A su turno, la Señora Ministra PUCHETA DE CORREA dijo: El accionante plantea acción de declaración de certeza constitucional a los efectos de establecer, en el caso concreto, si ha alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la magistratura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 8º de las Disposiciones finales y transitorias de la Constitución Nacional, en atención a sus antecedentes personales y carrera judicial. La acción versa, pues, sobre la inamovilidad del magistrado accionante.- inamovilidad de los magistrados judiciales se halla específicamente reglamentada en los invocados artículos 252 y 8º de las Disposiciones finales y transitorias de la Constitución Nacional. En lo esencial, ambos artículos establecen que los magistrados que hubiesen sido confirmados por dos periodos siguientes al de su elección, adquieren la inamovilidad en el cargo hasta el límite de edad establecido para los miembros de la Corte Suprema de Justicia, fijado en los 75 años. El primero de los artículos citados (artículo 252) se halla previsto para los magistrados incorporados a la función judicial con posterioridad a la Constitución. En este segundo caso, que sería el del accionante, de acuerdo con sus antecedentes, la Constitución requiere dos confirmaciones mediante los mecanismos establecidos en la Constitución para adquirir la inamovilidad, es decir, los magistrados judiciales obtienen la inamovilidad en el cargo a partir de la segunda confirmación. Efectuado el análisis de los antecedentes del accionante resulta que el mismo exhibe una carrera judicial como magistrado de 35 años (7 años como Juez de Primera Instancia, 24 años como Miembro de Tribunal de Apelación y 4 años como Ministro de la Corte Suprema de Justicia). Más concretamente, al entrar en vigencia la Constitución, se desempeñaba como Miembro de Tribunal de Apelación, cargo en el cual fue confirmado de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución en 1995 y 2002, hasta su ascenso como Ministro de la Corte Suprema de Justicia en 2004. De manera que, según tales antecedentes y las reglas consideradas, el accionante goza de inamovilidad a partir de su segunda confirmación, producida en el año 2002. En ocasión del dictado de Resolución N° 1.113 de fecha 17 de mayo de 2007 de la Corte Suprema de Justicia, sostuve que por la naturaleza de las disposiciones constitucionales mencionadas, su efecto se opera de pleno derecho (ministerio legis) y, por consiguiente, no se requiere declaración alguna respecto de la inamovilidad producida. Sin embargo, el pleno de la Corte Suprema de Justicia sostuvo, en amplia mayoría, que dicha MUCHETA de CORREA Ministra .../II...que satisfacen los requerimientos señalados, conforme sus legajos personales, deben ser declarados inamovibles, con comunicación al Consejo de la Magistratura. De manera que la tesis dominante en este alto tribunal exige la declaración expresa de inamovilidad de los magistrados judiciales, y a dicha tesis me he atenido en ocasiones anteriores por razones de seguridad jurídica y estabilidad constitucional. Debo señalar, finalmente, que al Poder Judicial le ha sido asignada la condición de custodio de la Constitución, atribuyéndosele, además, la delicada función de interpretarla (artículo 247). Consiguientemente, siendo la Corte Suprema de Justicia el tribunal de más alto nivel en la estructura del Poder Judicial, le corresponde determinar el sentido y alcance de las disposiciones constitucionales a los efectos de su aplicación y cumplimiento. En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia constituye el órgano judicial de más alta instancia a los fines de la interpretación constitucional. Siendo ello así, corresponde se expida en el caso bajo examen determinando si el accionante ha alcanzado la inamovilidad en la magistratura que actualmente desempeña, de acuerdo con las reglas constitucionales mencionadas. Y, en tal sentido, estimo, de acuerdo con las consideraciones precedentes, que corresponde declarar que el accionante, Doctor José Raúl Torres Kirmser, reúne los requisitos para acogerse a los beneficios de la inamovilidad previstos en el artículo 252 de la Constitución Nacional y 8° de sus Disposiciones finales y transitorias. Es mi voto. Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente siguit N DA ANTONIO FRETES SoroR M. NUNEZ &. Ante mí: bog. Héctor Fabián Escobar Da Secretario HUAMBIA de CORREA JUSTICIS 16

Corte Suprema de Justicia *Bicentenario de la Independencia Nacional 1811/2011" ACCIÓN: "JOSÉ RAUL TORRES KIRMSER S/ ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE CERTEZA CONSTITUCIONAL" (No. 1807, AÑO: 2008) IRUJA * PODER S DE LOS DE ASUNCION •BUNAN .../.SENTENCIA NÚMERO: 37 Asunción, 23 de febrero de 2009.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional RESUELVE: HACER LUGAR a la Acción promovida por el Señor Ministro Dr. José Raúl Torres Kirmser, declarando con alcance de certeza constitucional que el mismo ha alcanzado la inamovilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional que actualmente desempeña, de conformidad con las consideraciones y conclusiones del exordio de esta resolución, hasta el límite de edad previsto en el Art. 261 de la Constitución Nacional. Ante mí: ANOTAR, registrar y notificar Vine Dr. ANTONIO Mini VIe FORM. NUNKER. Analidie Abog. Héctor Fabián Escobar-Diak Secretario 3 Ug PODER * sa dele ANCA PUCHETA de CORREA Ministra TIC NEMA OT 17