Jurisprudencia CSJ

CORTE SUPREMA BUSTICIA ESTADISTICA CIVIL ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DANIEL PLATES SILVEIRA C/ ART. 1 DE LA LEY N 5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA LEY Nº1860/2002 N°: 1369 AÑO: 2019. diciembre del año dos mil vointitres , estando en la Sala de Acuerdas de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA Y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DANIEL PLATES SILVEIRA CI ART. 1 DE LA LEY N 5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA LEY N°1860/2002", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Señor JOSE EFRAIM CARDOZO FIORIO, bajo patrocinio de JOSE MARIA CARDOZO SAGUIER por el señor DANIEL PLATES SILVEIRA por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: - CUESTIÓN: ¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?- A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: El Abg. José Efraím Cardozo Fiorio, bajo patrocinio del Abg. José María Cardozo Saguier, por el Sr. Daniel Plates Silveira, en su calidad de piloto aviador, de nacionalidad uruguaya, promueve la presente acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley N°5221/2014 "Que modifica el artículo 93 de la Ley N°1860/2002 Que establece el Código Aeronáutico de la República del Paraguay".- El accionante justifica su legitimación activa con los siguientes documentos: 1) Carta de convalidación N° 262 expedida por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (f.8); 2) Copia autenticada de la cédula de identidad policial N°8460202 perteneciente al Sr. Daniel Plates Silveira (f.5); 3) Copia autenticada del carnet de admisión permanente N°00217829, expedido en fecha 28 de setiembre de 2018 (f.6); 4) Copia autenticada de la licencia de piloto comercial otorgada por la Autoridad de Aeronáutica de la República Oriental del Uruguay (f.7); y 5) Copia autenticada de Contrato de Prestación de Servicio como Piloto Agrícola entre los representantes de la firma De la Rivera S.A. y el Sr. Daniel Plates Silveira celebrado en fecha 3 de setiembre de 2018 (fs.10/12).-. Sostiene la vulneración de los Arts. 46 "De la igualdad de las personas", 86 "Del derecho al trabajo" y 107 "De la libertad de concurrencia" de nuestra Carta Magna, y funda su acción diciendo, entre otras cosas, que: "(...) La norma atacada de inconstitucionalidad impide que mi mandante pueda ser contratado a título oneroso para prestar servicios en el rubro de su profesión, pues no otra significa el mandato legal de que "deberán ser de nacionalidad paraguaya" quienes realicen funciones aeronáuticas remuneradas a bordo de aeronaves con matrícula paraguaya, lo cual resulta abiertamente contrario a los principios y derechos consagrados en la Constitución Nacional, además de contravenir numerosos Gustavo E, Santander Dans Ministro Cusat M. Diesel Junghanns Ministro des. Dr. Victor Rios Ojeda Ministro

tratados, convenciones, pactos y declaraciones de principios internacionales -universales. y regionales-(...)". La norma cuya inconstitucionalidad se pretende reza: "Las personas que realicen funciones aeronáuticas remuneradas indicadas en los Anexos del Convenio de Chicago, a bordo de aeronaves con matrícula paraguaya o a bordo de aeronaves con matrícula extranjera arrendadas por operadores o explotadores nacionales, así como los que desempeñan funciones en la superficie, deberán ser de nacionalidad paraguaya y poseer licencias y habilitaciones expedidas o convalidadas por la Autoridad Aeronáutica Civil. Por razones técnicas, la Autoridad Aeronáutica Civil podrá autorizar un porcentaje de personal extranjero por un plazo que no excederá de un año a contar de la fecha de dicha autorización, estableciéndose un porcentaje gradual de reemplazo del personal extranjero por personal paraguayo, que se realizará de la siguiente forma: a los ciento ochenta días 50% (cincuenta por ciento); a los trescientos sesenta y cinco días el 100% (cien por ciento). Una vez vencido el plazo de un año, excepcionalmente podrá ser admitida la continuidad de los extranjeros como instructores de vuelo, en forma provisoria, por un periodo que no podrá exceder los ciento ochenta días". En primer término, cabe destacar que lo que se halla en discusión en la presente acción de inconstitucionalidad no es el requisito exigido a los pilotos de poseer licencias y habilitaciones expedidas o convalidadas por la Autoridad Aeronáutica Civil; sino el requisito de poseer nacionalidad paraguaya a los efectos de integrar una tripulación de vuelo en aeronaves con matricula paraguaya. En efecto, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional establece en su Art. 32 que tanto el piloto como los demás miembros de la tripulación deben poseer certificados de aptitud y de licencias expedidos o convalidados por el Estado en el que la aeronave este matriculada. Ello constituye un requisito ineludible para todo trabajador que pretenda desempeñarse en cualquiera de los Estados contratantes.- En nuestro país la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) es la autoridad competente a los efectos de emitir la licencia que acredita que la persona se halla en buen estado de salud y que cuenta con el conocimiento y la experiencia necesarias para desempeñarse como personal de abordo, lo cual garantiza que el trabajador, ya sea nacional o extranjero, cuenta con la aptitud necesaria para el ejercicio adecuado de su labor. La cuestión a ser analizada en la presente acción de inconstitucionalidad gira en torno a la determinación de si la norma impugnada es o no violatoria de los derechos laborales, de las garantías de la igualdad y del principio de no discriminación, en cuanto prescribe que las personas que realicen funciones aeronáuticas remuneradas a bordo de aeronaves con superficie, deben poseer nacionalidad paraguaya. Para ello debemos traer a la luz las disposiciones constitucionales relacionadas al caso. Art. 46, primer párrafo: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien...".- Artículo 86: "Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables" 2

39川 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: DE SORTE LOREMA USTICIA PROMOVIDA POR DANIEL PLATES SILVEIRA C/ ART. 1 DE LA LEX N 5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA LEY N°1860/2002 N°: 1369 AÑO: 2019- - 12 Articulo 87 "El Estado promoverá políticas que tiendas al pleno empleo y a la formación profesional derecursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional'.——_ 'Articulo 88, primer párrafo: "No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores L Bir mano y erricos, de sexo, oda, religión, condición social y preforenoas polticas a Art. 107, primer párrafo: "Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades... El derecho humano al trabajo, reconocido expresamente por la Constitución Nacional, comprende dos aspectos importantes: el derecho a elegir libremente una actividad lícita y el derecho a ejercer o desarrollar la actividad elegida. Por tanto, los sujetos activos de tales derechos son las personas tanto fisicas como jurídicas, y los sujetos pasivos son el Estado y las demás personas. De allí que tanto las autoridades públicas como las personas privadas vean su actuar condicionado por estos preceptos constitucionales. Las normas constitucionales transcriptas consagran garantías en favor de todos los habitantes de la República del Paraguay -no sólo de los nacionales- que les aseguran la igualdad en derechos, específicamente en cuanto al trabajo -ya sea éste realizado en relación de dependencia o ya se trate del ejercicio independiente de un oficio, profesión o actividad económica-, así como proscriben cualquier tipo de discriminación hacia trabajador por motivos de su origen, su sexo, su edad, religión, orientación política, etc. Al garantizar constitucionalmente tanto la prohibición de la discriminación laboral así como la libertad de concurrencia, el Estado Paraguayo, en su carácter de Estado Social de Derecho, asume sendos compromisos. En primer lugar, y como presupuesto básico de la libertad económica, debe permitir que los habitantes de la República se dediquen a la actividad económica de su preferencia, dentro del sistema de oferta y demanda imperante en el mercado económico, asumiendo una postura pasiva y absteniéndose de aplicar cualquier tipo de política que cercene esta libertad.—...- Yendo más lejos y en el mismo sentido, el Estado se compromete a garantizar la igualdad de oportunidades en el ejercicio de las actividades económicas, lo cual implica no sólo una postura pasiva sino un intervencionismo destinado a paliar los desequilibrios entre la oferta y la demanda que se producen en el mercado de trabajo, lo que supone la adopción de una serie de medidas de ordenación, impulso y fomento.— Entonces, consecuencia de que el Estado queda inhibido de actuar en desconocimiento de ellos. Esto conlleva que cualquier ley que impida el ejercicio de uno de esos derechos fundamentales deberá ser declarada inconstitucional. En otro orden de cosas, debemos reconocer que si bien el Art. 87 de la Ley Suprema establece una discriminación positiva hacia el trabajador nacional, al momento que establece que se dará preferencia al mismo, ello no implica que esté permitido limitar el ejercicio de una profesión exclusivamente a trabajadores paraguayos, así como tampoco equivale que ante la oferta de trabajadores extranjeros mejor calificados o más idóneos que los nacionales, se deba preferir a estos últimos. Por su parte, la norma impugnada establece una limitación al libre ejercicio de la profesión de piloto por parte de todo aquel que no sea de nacionalidad paraguaya.- Entendemos que esta limitación legal constituye una seria restricción al derecho al trabajo y, como tal, debe estar fundada en la necesidad o en el bien común y debe responder a estrictos parámetros de justificación, razonabilidad y proporcionalidad, sin desconocer que en ningún caso puede ser contraria a lo establecido por las normas jurídicas de mayor jerarquía. Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Dieser Junghanns Ministro CốJ. Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro

La razonabilidad normativa de una reglamentación, esto es, el mandato de que las normas legales mantengan coherencia con las constitucionales de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido en la Constitución Nacional, no se agota en el hecho de que las normas jurídicas en general sometan su contenido a lo establecido expresamente en la Ley Suprema, sino también a las normas jurídicas de mayor jerarquía, ergo, que las de inferior jerarquía no se hallen en litigio con la de superior posició.... De allí que también debemos considerar si la norma impugnada respeta las obligaciones internacionales legalmente asumidas por el Estado Paraguayo, principio al cual debe someterse el legislador en su actuar. Se trata del respeto del "conjunto de derechos de las personas (atributos) asegurados por fuente constitucional o por fuentes del derecho internacional de los derechos humanos (tanto el derecho convencional como el derecho consuetudinario y los principios de ius cogens) y los derechos implícitos expresamente incorporados a [el] ordenamiento jurídico por la vía del articulo 29 literal c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), todos los cuales constituyen limites a in soberanía" (Nogueira Alcalá, Humberto (2008): Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales, Santiago de Chile, Editorial Librotecnia, Segunda edición corregida, Tomo I, p. 37).-. Al respecto, la propia Constitución Nacional adopta el principio de la supremacía constitucional, que rige tanto para las actuaciones del órgano legislativo así como para las decisiones administrativas o judiciales, establecido por el Art. 137 de la Carta Magna, el cual posiciona en el segundo peldaño de la pirámide de jerarquía de las normas jurídicas a los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, esto es, por encima de las leyes nacionales.- En cuanto a las obligaciones internacionales en materia de derechos laborales asumidas por el Paraguay, en primer lugar como Estado Miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declara su adhesión a la "Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo" (1998), la cual reafirma el compromiso de los Miembros de respetar, promover y poner en práctica los derechos y obligaciones expresados en los convenios reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la En cuanto a instrumentos internacionales de Derechos Humanos, entre los que se halla el derecho al trabajo, el Paraguay ha suscrito y ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" (1988).— Específicamente a nivel regional, tenemos a la "Declaración Sociolaboral del MERCOSUR del 2015". , que constituye una revision de la Declaración firmada el 10 de diciembre de 1998 en la ciudad de Río de Janeiro, que puntualmente en su artículo 4 dispone: "1. Los Estados Partes se comprometen a garantizar, conforme a la legislación vigente y las prácticas nacionales, la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y la ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de sexo, etnia, raza, color, ascendencia nacional, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, edad, credo opinión y actividad política y sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social, familiar o personal.….".—_- Al respecto de la Declaración Sociolaboral del Mercosur como fuente del Derecho Internacional, Peña dice: "La Declaración Sociolaboral del Mercosur responde a las características definitorias de los tratados, especificadas por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, comentadas en los párrafos anteriores. Efectivamente, este instrumento es una declaración internacional de Jefes de Estado, fruto de un consenso, y como tal, conjuga visiones e intereses diversos, cuya principal virtud es el reconocimiento conjunto de la dimensión social de la integración, que entraña compromisos jurídicos regidos por el Derecho Internacional. En efecto, no obstante la denominación que se le ha dado, no se trata solo de declaraciones de intenciones o principios, sino que proclama "principios", 4

19 20 21 CORTE SUPREMA DE USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DANIEL PLATES SILVEIRA C/ ART. 1 DE LA LEY N 5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA LEY Nº1860/2002 N°: 1369 AÑO: 2019. 'derechos" y campromisos concretos asumidos por los Estados Partes, con varias cláusulas completas y autoejecutables. Se trata de una Declaración de derechos fundamentales de carácter social, que incluye derechos de dimensión individual y de dimensión colectiva. No myres, pues, una mera declaración de propósitos políticos, la Declaración Sociolaboral del " Mercosur es un instrumento internacional que entraña compromisos juridicos regidos por el Derecho Internacional; al ser así, tiene carácter de tratado en los términos definitorios de la Convención de Viena" (PEÑA, Miryam. La Declaración Sociolaboral del Mercosur. Su aplicabilidad directa por los Tribunales Paraguayos. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Corte Suprema de Justicia. Asunción 2014. P. 128). El Paraguay también celebró el "Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Chile y Bolivia" , el 06 de diciembre de 2002, que consagra derechos a los inmigrantes. Particularmente en lo que nos atañe, el artículo 9 reza: "1. IGUALDAD DE DERECHOS CIVILES: Los nacionales de las Partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas de los nacionales del país de recepción, en particular el derecho a trabajar, y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las Partes; asociarse con fines lícitos у profesar libremente su culto, de conformidad a las leyes que reglamenten su ejercicio.- 3. TRATO IGUALITARIO CON NACIONALES: Los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, de un trato no menos favorable que el que reciben los nacionales del país de recepción, en lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y seguros sociales... " (lo subrayado es mIO). Del importante compendio de normas constitucionales y de tratados, convenios y acuerdos internacionales referidos, podemos concluir que la disposición legal que se ataca por vía de la inconstitucionalidad es violatoria principalmente del Principio de Supremacía de la Constitución, consagrado en el Art. 137, al quebrar la sujeción que deben reflejar las normas legales en relación con aquellas de mayor jerarquía -las normas constitucionales y supranacionales.- Así también consideramos que la norma impugnada es violatoria de las garantías de la igualdad, consagradas por los Arts. 46 y 47 de la Constitución Nacional. Al respecto, debemos señalar que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se pueden establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual" (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993. Pág. 395). Final e indudablemente, debemos concluir que la Ley N° 5221/2014 derecho al trabajo y a la libre concurrencia, establecidos en los Arts. 86, 88 y 107 de la Ley Suprema, al prohibir al extranjero que realice cualquier función aeronáutica remunerada. Por ello, con la vigencia de la norma impugnada no sólo se viola abiertamente el derecho al trabajo del accionante, sino que incluso se lo condena a cambiar su residencia a otro pais, dado que dentro el territorio nacional no podrá ejercer la profesion que libremente ha elegido y para la cual se ha formado durante muchos años de su vida Por los motivos expuestos, considero que corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad y declarar inaplicable respecto del señor Daniel Plates Silveira Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CS 5 Dr. Víctor Rios Ojeda Ministro

el Art. 1º de la Ley N° 5221/2014, en cuanto establece el requisito de ser de nacionalidad paraguaya a los efectos de realizar funciones aeronáuticas remuneradas a bordo de aeronaves con matrícula paraguaya o abordo de aeronaves con matrícula extranjera arrendadas por explotadores nacionales. Asimismo, corresponde ordenar el levantamiento de la medida cautelar decretada por el A.I. N° 3065 de fecha 31 de diciembre de 2019. ES MI VOTO.——_- A su turno, el Doctor RIOS OJEDA dijo: - El profesional abogado JOSÉ EFRAIM CARDOZO FIORIO, bajo patrocinio del Abg JOSE MARIA CARDOZO SAGUIER, en representación del Señor DANIEL PLATES SILVEIRA, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley N° 5.221/14 "QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA LEY N° 1.860/02, QUE ESTABLECE EL CÓDIGO AERONÁUTICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY". Expone el accionante que su mandante es piloto profesional de aeronaves, de nacionalidad uruguaya-radicado en Paraguay- y la norma legal impide que el mismo pueda ser contratado a titulo oneroso para prestar servicios en el rubro de su profesión, puesto que establece expresamente que "deberán ser de nacionalidad paraguaya" La norma impugnada dispone: "Artículo 1º Modificase el artículo 93 de la Ley N° 1.860/02 "QUE ESTABLECE EL CODIGO AERONAUTICO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY", que queda redactado como sigue: "Art. 93. Las personas que realicen funciones aeronáuticas remuneradas indicadas en los Anexos del Convenio de Chicago, a bordo de aeronaves con matricula paraguaya o a bordo de aeronaves con matrícula extranjera arrendadas por operadores o explotadores nacionales, así como los que desempeñan funciones en la superficie, deberán ser de nacionalidad paraguaya y poseer licencias y habilitaciones expedidas o convalidadas por la Autoridad Aeronáutica Civil. Por razones técnicas, la Autoridad Aeronáutica Civil podrá autorizar un porcentaje de personal extranjero por un plazo que no excederá de un año a contar de la fecha de dicha autorización, estableciendose un porcentaje gradual de reemplazo del personal extranjero por personal paraguayo, que se realizará de la siguiente forma: a los ciento ochenta días 50% (cincuenta por ciento); a los trescientos sesenta y cinco días el 100% (cien por ciento). Una vez vencido el plazo de un año, excepcionalmente podrá ser admitida la continuidad de los extranjeros como instructores de vuelo, en forma provisoria, por un periodo que no podrá exceder los ciento ochenta días". La norma cuestionada incluye la nacionalidad paraguaya como requisito excluyente para el personal que realice funciones aeronáuticas remuneradas, a más de las licencias y habilitaciones expedidas por la autoridad de aplicación nacionales, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), permitiendo de manera excepcional y por razones técnicas la concurrencia de personal extranjero que gradualmente debe ser reemplazado por personal paraguayo otorgando plazos de 180 días (50%), 365 días (100%) y vencido este último plazo de un año, podrá extenderse la continuidad por única vez de manera excepcional por razones técnicas, por 180 dias. El Convenio de Chicago, en su art. 1.2.1 dispone que nadie puede integrar una tripulación de vuelo sin poseer una licencia válida según las especificaciones del mismo Anexo. Asimismo, el "Reglamento de Licencias al Personal Aeronáutico - DINAC R 61". Aprobado por Resolución N° 356/13 de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, contempla la obligación del piloto de acreditar su idoneidad, conocimientos aeronáuticos, instructivo de vuelo, experiencia de vuelo y pericia según la clase de aeronave que va a operar para la obtención de su correspondiente licencia y habilitación. La idoneidad exigida debe cumplir con firmeza los distintos aspectos que hacen al vuelo, con la única intención de garantizar la 6

0, L21 CORTE SUPREMA DESIICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DANIEL PLATES SILVEIRA C/ ART. 1 DE LA LEY N 5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA LEY N°1860/2002 N°: 1369 AÑO: 2019. F品 seguridad de los pasajeros, la tripulación y la aeronave, durante el tiempo del vuelo, por lo que el principal bien jurídico protegido es la vida del ser humano. La promoción del pleno empleo forma parte de la teleología constitucional, pero siendo la vida fundamento natural de los derechos constitucionales, su protección efectiva debe ser Sel criterio de ponderación de todos los derechos, debiendo prevalecer aquel que otorgue la garantía más efectiva a la vida. En el caso de autos, no es la nacionalización sino la idoneidad y pericia de los pilotos las que garantizan más eficazmente la mencionada protección. La misión principal de la Tripulación de vuelo, y en especial la del Piloto que conduce una aeronave es salvaguardar la vida y seguridad de sus pasajeros, quienes se constituyen en verdaderos titulares del interés público, sin distinción de nacionalidad. De igual manera la formación у capacitación con elevados estándares de calidad en la persona a cargo de la aeronave no puede admitir distinción entre paraguayos y extranjeros, ya que la excelencia técnica depende únicamente de su formación, por lo que la excepción prevista en la norma impugnada es inconstitucional, violatoria de las garantías de la igualdad consagradas por los Arts. 46 y 47 de la Constitución Nacional.- Por lo tanto, en virtud a las manifestaciones vertidas entendemos que la norma impugnada efectivamente vulnera el orden prelativo enunciado en la Constitución (Artículo 137), al transgredir normas de entidad constitucional. Por lo que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Articulo 1 de la Ley N° 5.221/14 (que modifica el Artículo 93 de la Ley N.° 1.860/02) en lo concerniente al requisito de ser de nacionalidad paraguaya a los efectos de realizar funciones aeronáuticas remuneradas a bordo de aeronaves con matrícula paraguaya o a bordo de aeronaves con matricula extranjera arrendadas por explotadores nacionales. Asimismo, corresponde, ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dispuesta en autos. ES MI VOTO. A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Me adhiero al voto del Ministro preopinante, pero sobre la base de las siguientes consideraciones: En primer término, cabe recordar que el derecho a la igualdad puede opera desde dos distintos ámbitos; es decir, implica: 1) el tratar igual a los que están en igualdad de condiciones y 2) el no tratar igual a los que están en desigualdad de condiciones.- En segundo término, considero que el criterio de la nacionalidad como justificación para excluir a ciertas personas de la posibilidad de acceder a un trabajo privado licito escogido desde su libertad de modo alguno puede sustentarse constitucionalmente. En efecto, el Art. 46 de la CN expresamente dispone: "Todos los habitantes de la república "Todos los habitantes de la república tienen derecho a un trabajo licito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas". Como puede notarse ninguna de las disposiciones precedentemente transcriptas establece la nacionalidad como criterio de protección del derecho a la igualdad, puesto que ambas normas constitucionales refieren expresamente a todos los habilitantes de la república 7

sin ninguna distinción. Lo mencionado, indudablemente, guarda relación con la consideración de que el derecho a la igualdad es un derecho personalísimo que deriva de la sola condición de ser persona y, por ende, merecedora del respeto a su dignidad humana. Por lo tanto, considero que utilizar el criterio de la nacionalidad para excluir a unas personas de lo que se les permite a otras, a pesar de que todas se encuentren habilitadas para el ejercicio de una determina actividad privada remunerada, bajo ningún punto de vista puede constituirse en un motivo de justificación para aceptar el trato desigualitario que se denuncia en autos. En este sentido, el criterio que habrá de regir es la idoneidad, la cual resulta suficientemente justificada con la habilitación para operar en vuelo expedida por la Autoridad Aeronáutica Civil.—— Asimismo, considero que el Art. 87 de la CN no se puede erigir en un principio o derecho fundamental que sea susceptible de entrar en colisión con el derecho constitucional de la igualdad. En efecto, lo que esta norma pregona es la necesidad de que el Estado deba promover políticas públicas que tiendan al pleno empleo con preferencia al trabajador nacional, pero de modo alguno consiste en una via paralela subrepticia para aceptar la comisión de violaciones de derechos fundamentales como es el derecho a la igualdad que se ve nítidamente afectado cuando la norma cuestionada restringe o elimina sin justificación jurídica válida la posibilidad de que las personas puedan dedicarse a la actividad privada de su elección por la sola condición de su nacionalidad extranjera. Ello es indudablemente discriminatorio y aplicar una interpretación contraria implicaría, sin lugar a dudas, un quebrantamiento de toda nuestra sistemática constitucional. Por los motivos expuestos, considero que se debe hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 1º de la Ley N° 5221 "que modifica el Art. 93 de la Ley N° 1860/2002 que establece el Código Aeronáutico de la República del Paraguay", en lo que hace a la exigencia de la nacionalidad paraguaya a efectos de realizar las funciones aeronáuticas descriptas en dicha norma, conforme con los términos del Art. 555 del CPC. Asimismo, se debe levantar la medida cautelar de suspensión de efectos dispuesta por A.I. N° 3065 de fecha 31 de diciembre de 2019 (fs. 41). ES MI VOTO.- Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mi, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: - Gustavo E. Santander Dant Ministro Cesar M. Diesel Jünghanns Ministro CS). Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro 8

CORTE SUPREMA DE USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR DANIEL PLATES SILVEIRA C/ ART. 1 DE LA LEY N 5221/2014 QUE MODIFICA EL ARTICULO 93 DE LA LEY Nº1860/2002 N°: 1369 AÑO: 2019 SENTENCIA NÚMERO: 673 Asunción 12 de Diciembre de 2.023- •VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional RESUELVE: ALETHACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia. declarar la inaplicabilidad del Art. 1º de la Ley N° 5221 "Que modifica el Art. 93 de la Ley N° 1860/2002 que establece el Código Aeronáutico de la República del Paraguay", respecto al requisito de ser de nacionalidad paraguaya a los efectos de realizar funciones aeronáuticas remuneradas a bordo de aeronaves con matricula paraguaya o a bordo de aeronaves con matrícula extranjera arrendada por explotadores nacionales, con relación al señor DANIEL PLATES SILVEIRA, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos, dispuesta por A.I. N° 3065 de fecha 31 de diciembre de 2019, dictada por esta Sala.- ANOTAR, registrar y notificar, GustaNO E,Sartander Lans Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro TODER